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El jurista Olivo Rodríguez Huertas destacó la importancia de la cláusula o “candado” presidencial, que garantiza la alternancia en el ejercicio del poder y aleja el temor al continuismo tradicional de los gobernantes. Según Rodríguez Huertas, esta medida se convierte en la “nota estrella” de la reforma, justificando así su intervención en la Constitución.
El catedrático y exembajador en España expresó su deseo de que la inamovilidad del fiscal general del Estado se estableciera por un periodo de cuatro años, en lugar de los dos aprobados, considerando que la renovación frecuente de este cargo podría poner en riesgo la estabilidad del Ministerio Público. “Sería una espada de Damocles”, advirtió, refiriéndose a las posibles debilidades que podría enfrentar el fiscal general ante la influencia de fiscales subordinados que votan en el Consejo Superior del Ministerio Público.
A pesar de estas preocupaciones, Rodríguez Huertas calificó como “inteligente” la decisión de encomendar al Consejo Nacional de la Magistratura la designación del nuevo fiscal general del Estado, lo que podría fortalecer la independencia del Ministerio Público.
En otro tema controversial, el jurista también abordó la situación en La Vega, sugiriendo que el nuevo alcalde no debe ser elegido por voto popular. En su opinión, la reforma constitucional otorga a los legisladores la responsabilidad de definir el mecanismo para cubrir esta vacante municipal, reflejando así el espíritu de la nueva normativa.
Este enfoque renovador promete dar un nuevo rumbo a la política local y nacional, impulsando la estabilidad y la alternancia en el poder.
