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La condena se deriva del conocido ‘caso Bismuth’, en el que se descubrió que Sarkozy utilizó un nombre falso para abrir una línea telefónica secundaria, lo que llevó a investigaciones sobre sus comunicaciones con un magistrado a cambio de favores. Aunque Jacques Chirac también fue condenado, su pena no requería cumplimiento.
A pesar de su situación legal, Sarkozy, de 69 años, sigue teniendo una notable influencia en la política francesa y mantiene contacto regular con el actual presidente, Emmanuel Macron. Sus libros continúan siendo éxitos de ventas, y es un habitual en eventos públicos, a pesar de su cargada agenda judicial.
Los abogados de Sarkozy han indicado que podrían apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque esto no suspenderá la aplicación de la pena. El expresidente deberá comparecer ante un juez en el próximo mes para establecer las condiciones de su arresto domiciliario.
Además, Sarkozy se enfrenta a un juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007, que comenzará el 6 de enero y podría extenderse hasta el 10 de abril. En este proceso, también serán juzgados dos de sus exministros del Interior. Si es hallado culpable, podría enfrentar hasta diez años de prisión.
La situación de Sarkozy marca un capítulo significativo en la historia política de Francia, donde la justicia ha comenzado a rendir cuentas a figuras de alto perfil, un fenómeno que podría tener repercusiones en el futuro de la política francesa.