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La Presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, hizo un llamado urgente a la Unión Europea para obtener su apoyo ante las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump, que, según advirtió, están afectando seriamente su capacidad operativa y generando un ambiente de “impredecibilidad” entre su personal.
En una intervención ante la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Akane subrayó que la CPI necesita con urgencia que la UE modifique su estatuto de bloqueo para contrarrestar los efectos de las sanciones estadounidenses. Estas sanciones, que se originan en una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero, penalizan a cualquier entidad o persona que colabore con los sancionados, incluyendo ONG y organismos internacionales como la CPI.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, ha sido el primer y único sancionado hasta el momento, mientras que las empresas estadounidenses, incluidas sus filiales en Europa, están obligadas a no cooperar con los individuos sancionados, bajo amenaza de sanciones penales. Akane consideró esto como una grave violación de la soberanía europea, ya que “un país extranjero está dictando a sus ciudadanos y empresas qué leyes deben seguir y cómo deben comportarse”.
Para enfrentar estas sanciones extraterritoriales, la UE cuenta con el denominado «estatuto de bloqueo», una legislación creada en 1996 que protege a sus ciudadanos y empresas de las sanciones impuestas por otros países, permitiéndoles operar sin ser afectados por leyes extranjeras que la UE considere contrarias al derecho internacional. La CPI ha solicitado que este estatuto se amplíe para proteger a sus funcionarios y colaboradores de las sanciones estadounidenses, permitiendo así que el tribunal continúe con su labor sin interferencias externas.
Akane urgió a la Comisión Europea a actuar con celeridad para “preservar” la CPI, recordando que no modificar el estatuto de bloqueo significaría que la UE estaría abandonando a la Corte y los principios fundamentales establecidos tras las dos guerras mundiales. La presidenta hizo un llamado a no esperar a que los efectos de las sanciones resulten “devastadores”, debilitando a la CPI al punto de impedir su funcionamiento.
La Corte Penal Internacional realiza investigaciones en diversos lugares del mundo, como Afganistán, Myanmar, Ucrania y Palestina, entre otros, y su trabajo podría verse amenazado por las sanciones. Akane destacó que el personal ya está dejando el tribunal debido al “miedo a la impredecibilidad” y que algunas empresas europeas han cesado su cooperación debido al cumplimiento excesivo de las sanciones.
La CPI ha tomado medidas internas para minimizar el impacto de las sanciones, pero Akane fue clara al afirmar que el tribunal no puede sobrevivir sin el apoyo de la comunidad internacional. La Corte acaba de lograr la detención del expresidente filipino Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad relacionados con su guerra contra las drogas, y tiene órdenes de arresto contra líderes como el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra.
A medida que las sanciones sigan afectando la labor de la CPI, la presidenta pidió a la UE que no permita que el tribunal se vea debilitado, ya que ello podría significar un abandono de las víctimas y de la justicia internacional.
