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Desde este viernes entra en vigor en Estados Unidos una nueva norma que obliga a todos los extranjeros mayores de 14 años, que vayan a permanecer en el país por más de 30 días y que no hayan sido registrados al obtener su visado, a inscribirse en un registro gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La medida, que podría acarrear multas de hasta 5.000 dólares y penas de hasta seis meses de prisión por incumplimiento, fue ordenada por el presidente Donald Trump el pasado 20 de enero mediante una orden ejecutiva titulada “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”, que reactiva una ley federal de 1940.
Además de registrarse, los extranjeros deberán portar en todo momento un comprobante de dicha inscripción. El trámite puede realizarse en línea a través del formulario G-325R del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
El DHS indicó que esta obligación afecta tanto a quienes no hayan sido registrados al solicitar su visado como a los que hayan entrado por otras vías, incluyendo muchos de los casi un millón de ciudadanos canadienses —conocidos como snowbirds— que cada año pasan largas temporadas en el sur del país.
También se exige que los padres o tutores legales registren a los menores de 14 años, y que quienes ya estén registrados renueven su inscripción al cumplir esa edad. El proceso puede incluir toma de huellas dactilares y fotografías, abriendo así una cuenta personal con USCIS.
La norma fue ratificada luego de que el juez federal Trevor Neil McFadden desestimara, en la noche del jueves, una demanda presentada por varias organizaciones, entre ellas el American Immigration Council, que calificaba el decreto de «confuso» y «caótico».
Diversos grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes advierten que la medida busca intimidar a los extranjeros y presionarlos para abandonar el país, al facilitar al Gobierno información que podría ser usada en procesos de deportación.
Algunos activistas consideran que la orden ejecutiva es inconstitucional y han instado a los inmigrantes indocumentados a no registrarse, aunque la decisión del juez McFadden podría cambiar el panorama legal.
