La medida está contenida en el Decreto 672-26, emitido por el presidente Luis Abinader, con el propósito de fortalecer la producción nacional, dinamizar la economía y fomentar la generación de empleos.
La disposición establece que las adquisiciones relacionadas con programas especiales de asistencia deberán orientarse a bienes y servicios de origen y manufactura dominicana, sin intermediación no autorizada.
Entre las instituciones que deberán aplicar estas disposiciones se encuentran el Ministerio de Educación (Minerd), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), el Servicio Nacional de Salud (SNS), Supérate, Promese/CAL, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de la Vivienda, además de otras entidades estatales vinculadas con la protección social.
Requisitos para participar
Las empresas interesadas en beneficiarse de estos procesos deberán contar con el Registro Industrial emitido por Proindustria, la Certificación Mipymes o Mipymes Mujer otorgada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), así como estar inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
El decreto también establece la creación de una Mesa de Articulación Interinstitucional entre el MICM y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que tendrá a su cargo coordinar la oferta productiva, dar seguimiento a la aplicación de la normativa y procurar su cumplimiento.
Plazo para identificar la oferta nacional
Como parte de la implementación de la medida, el MICM dispondrá de un plazo máximo de cuatro meses para realizar un levantamiento de los bienes y servicios que puede ofrecer el sector industrial dominicano.
Asimismo, Proindustria deberá modernizar y digitalizar el Registro Industrial para facilitar la identificación de la producción local, mejorar la trazabilidad de los productos y permitir su interoperabilidad con el sistema nacional de compras públicas.
El decreto se enmarca en las disposiciones de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, establecido mediante el Decreto 52-26, y procura fortalecer la participación de la industria nacional en el abastecimiento de bienes y servicios requeridos por el Estado.
