Ciudad de México.— El Senado de México aprobó una reforma constitucional que establece nuevas restricciones para las personas con doble nacionalidad que busquen ocupar los principales cargos del Poder Ejecutivo del país.
La iniciativa fue avalada este martes con 86 votos a favor y 42 en contra, sin abstenciones, y recibió el respaldo de la mayoría calificada requerida. El proyecto fue aprobado en lo general y en lo particular, sin modificaciones, por lo que ahora será remitido a los congresos estatales.
La reforma modifica tres artículos de la Constitución para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad.
En caso de contar con una ciudadanía adicional, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro electoral y demostrar que el vínculo jurídico con el otro Estado ha quedado efectivamente extinguido.
Restricciones durante el ejercicio del cargo
Las nuevas disposiciones también contemplan limitaciones una vez que la persona asuma el puesto. Los funcionarios no podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocar una ciudadanía extranjera ante autoridades de otro país ni utilizar pasaportes o documentos de identidad emitidos por un Estado distinto de México.
Asimismo, quedará prohibido ejercer derechos políticos derivados de una nacionalidad extranjera o acogerse a la protección diplomática de otro país.
La propuesta fue presentada por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum el pasado 30 de agosto y posteriormente fue aprobada por la Cámara de Diputados el 22 de septiembre.
En la Cámara baja, la iniciativa obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general. En la discusión de los artículos reservados, recibió 334 votos favorables, 109 en contra y una abstención.
La reforma entraría en vigor en 2028
Los cambios comenzarían a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028 y no afectarían a quienes ya estén ejerciendo alguno de los cargos contemplados cuando la reforma entre en vigor.
El Congreso mexicano tendrá un plazo de 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y las normas electorales relacionadas con la reforma. Las entidades federativas también deberán armonizar sus constituciones y legislaciones electorales dentro del mismo periodo.
Oficialismo y oposición chocan por la medida
Durante el debate, Morena y sus aliados defendieron la reforma al señalar que esta no elimina la doble nacionalidad para los ciudadanos mexicanos ni supone una restricción general de los derechos políticos.
La postura oficialista sostiene que se trata de un requisito específico para quienes pretendan encabezar los poderes ejecutivos, vinculado con la soberanía nacional.
Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron su desacuerdo y argumentaron que la medida podría restringir los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente de quienes nacieron en el extranjero o emigraron y posteriormente adquirieron otra ciudadanía.
Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto todavía deberá ser aprobado por la mayoría de las legislaturas de las 32 entidades federativas antes de su eventual publicación oficial.
El debate sobre la doble nacionalidad de figuras políticas también ha estado presente en otros países de América Latina, donde sectores opositores han cuestionado la ciudadanía extranjera de algunos actores políticos y han planteado posibles conflictos de intereses.
Fuente EFE
