La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra el inspector de la Dirección General de Migración (DGM), Esteban Nohassis Mogena González, acusado de presuntamente facilitar la salida del país de dos ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos para viajar.
El funcionario, quien estaba asignado al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras avanza el proceso judicial.
De acuerdo con la DGM, Mogena González fue detenido en flagrante delito luego de que presuntamente ayudara a los pasajeros a evadir los controles migratorios establecidos en la terminal. Las autoridades sostienen que el inspector habría recibido miles de dólares a cambio de modificar procedimientos oficiales.
La investigación señala que el funcionario atendió personalmente a ambos viajeros y, durante el proceso, presuntamente omitió el registro de sus huellas dactilares y la certificación de salida en el sistema migratorio. Uno de los pasajeros logró abordar un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM informó que mantenía desde hacía varios meses una labor de inteligencia sobre el empleado, debido a irregularidades detectadas en el desempeño de sus funciones.
Acusaciones incluyen falsificación y alteración de registros
El proceso judicial fue impulsado por la Dirección General de Migración, a través de su Dirección Jurídica, junto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Al inspector se le atribuyen posibles violaciones al Código Penal dominicano y a la Ley General de Migración 285-04, relacionadas con asociación de malhechores, falsificación de documentos y modificación de registros.
Tras la decisión judicial, Migración informó que inició los trámites para suspenderlo de sus funciones y posteriormente desvincularlo de la institución, conforme a las normas del servicio público.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, afirmó que la entidad continuará persiguiendo las acciones de corrupción dentro de sus filas y advirtió que cualquier inspector, agente o servidor que incurra en prácticas contrarias a la ley será puesto a disposición de la justicia.
La prisión preventiva es una medida de coerción adoptada durante el proceso judicial y no constituye una sentencia definitiva ni determina por sí sola la culpabilidad del imputado.
Fuente – N digital
