Diputados de distintas fuerzas políticas coincidieron este lunes en que la respuesta del Estado frente a la delincuencia y la criminalidad debe ir más allá de los operativos de la Policía Nacional y abarcar al Ministerio Público, los tribunales y las demás instituciones responsables de investigar y sancionar los delitos.
Los legisladores plantearon que fortalecer los organismos de seguridad resulta insuficiente si las investigaciones no concluyen en expedientes sólidos y procesos judiciales capaces de establecer responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.
El diputado del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, llamó a revisar y depurar no solo la Policía Nacional, sino también el Ministerio Público y la judicatura.
Wessin Chávez afirmó que en algunas provincias y municipios existirían, según sus señalamientos, vínculos entre fiscales y agentes policiales involucrados en actuaciones corruptas. Aseguró que cuenta con pruebas para sustentar lo que plantea.
“Hay que hacer una depuración ahí también. Y lo digo porque tengo pruebas de eso, no estoy hablando por hablar”, sostuvo.
El legislador consideró que el combate a la delincuencia debe comenzar por el cumplimiento de las leyes y por una revisión de las instituciones encargadas de aplicarlas. También señaló que el país dispone de un nuevo Código Penal y que el desafío está en lograr que las normas sean aplicadas con firmeza.
Diputados cuestionan respuesta policial
Las declaraciones se producen en medio del debate generado por las actuaciones policiales contra presuntos delincuentes y los cuestionamientos de sectores de derechos humanos sobre posibles abusos durante esos procedimientos.
El diputado de Fuerza del Pueblo (FP), Alcibíades Tavárez, cuestionó la estrategia utilizada por las autoridades para enfrentar la criminalidad y calificó como “fusilamientos” algunos de los mecanismos empleados contra ciudadanos, aunque manifestó su desacuerdo con que las denuncias sean llevadas directamente ante organismos internacionales.
Por su parte, el diputado Carlos de Pérez sostuvo que cualquier denuncia sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales debe ser investigada. Sin embargo, consideró que antes de acudir a instancias internacionales deben agotarse las vías judiciales existentes en República Dominicana.
De Pérez señaló que instituciones como el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público cuentan con competencias para conocer e investigar posibles abusos.
El legislador también cuestionó que parte de la sociedad llegue a celebrar la muerte de personas señaladas como delincuentes. A su juicio, cuando un presunto criminal muere antes de enfrentar un proceso judicial, también pueden perderse oportunidades para determinar quiénes integran o dirigen las estructuras delictivas.
En ese sentido, abogó por investigaciones que permitan al Ministerio Público presentar expedientes robustos ante los tribunales, dejando en manos de los jueces la determinación de las responsabilidades penales.
Mariotti: la Policía no puede decidir quién vive o muere
Mientras, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti Jr., afirmó que respalda una respuesta firme frente al crimen, pero advirtió que la Policía Nacional no puede asumir el papel de determinar quién vive o muere en los barrios.
Mariotti planteó que la persecución del delito debe desarrollarse dentro del Estado de derecho y cuestionó que, pese a los operativos y enfrentamientos registrados, persista la sensación de inseguridad entre sectores de la población.
El congresista también señaló la existencia de posibles niveles de complicidad entre autoridades y delincuentes. En particular, cuestionó que las autoridades de seguridad desconozcan dónde funcionan determinados puntos de drogas y otros negocios ilícitos.
Las posiciones expresadas por Mariotti y otros legisladores se suman a un debate que en las últimas semanas ha girado alrededor de los denominados intercambios de disparos y de la actuación de los agentes policiales.
Oficialismo defiende actuación de la Policía
En una posición distinta, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carlos Sánchez, defendió la actuación de la Policía Nacional frente a la delincuencia y sostuvo que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultado para presentar las denuncias que considere pertinentes.
No obstante, consideró que llevar estos casos directamente fuera del ámbito nacional podría exceder los mecanismos que, a su entender, deben utilizarse inicialmente para investigar posibles abusos policiales.
Sánchez señaló que algunos de los fallecidos en enfrentamientos con agentes policiales tenían antecedentes delictivos, aunque reconoció que esa condición no autoriza a ningún miembro de la institución a quitarle la vida a una persona.
También afirmó que una parte importante de la población respalda las acciones de la Policía Nacional en su lucha contra la criminalidad.
Reforma policial sigue pendiente
El debate ocurre mientras el Congreso Nacional mantiene en agenda la reforma de la Policía Nacional. Actualmente existen tres propuestas relacionadas con la modificación del marco legal de la institución, cuyos contenidos deberán ser estudiados por una comisión bicameral que busca avanzar hacia un texto unificado. Entre las iniciativas figuran proyectos presentados por el senador Franklin Romero y los diputados Carlos Sánchez y Elías Wessin Chávez.
En ese contexto, las posiciones expresadas este lunes muestran que la discusión sobre seguridad ciudadana no se limita a la estructura policial.
Los legisladores plantean, desde diferentes perspectivas, que enfrentar la delincuencia también requiere revisar la capacidad de investigación del Ministerio Público, el funcionamiento de los tribunales, la depuración de las instituciones y los mecanismos utilizados para garantizar que los hechos delictivos lleguen a los tribunales con investigaciones capaces de determinar responsabilidades.
El punto de coincidencia es que la persecución del crimen involucra a todo el sistema de seguridad y justicia, aunque persisten diferencias entre los legisladores sobre la actuación de la Policía y la forma en que deben investigarse los casos cuestionados.
Fuente: Dirección de comunicaciones Cámara de Diputados
