El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que las personas con múltiples antecedentes delictivos, como aquellas que acumulan hasta 10 fichas, tienen pocas posibilidades de reinsertarse en la sociedad. En ese contexto, respaldó el cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión establecido en el nuevo Código Penal.
El planteamiento se produjo durante las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en una jornada en la que se discutió el alcance y la finalidad de las sanciones penales.
Debate sobre criminalidad y reinserción
La aspirante Miguelina Beard Gómez defendió la implementación del cúmulo de penas, mientras que el juez Rafael Armstrong Báez García planteó objeciones sobre la efectividad de las condenas prolongadas para disminuir la delincuencia.
Báez García recordó que la privación de libertad también busca la reinserción social y advirtió que penas de 60 años pueden entrar en tensión con ese objetivo. “El tema del cúmulo de penas no va a resolver los problemas de la criminalidad… 60 años de prisión en un país donde el promedio de vida es 72, es algo que no necesita mucha explicación”, expresó.
El magistrado explicó que esta figura responde a la teoría de la incapacitación, que procura separar de la sociedad a quienes cometen delitos graves, aunque reconoció que las políticas públicas deben enfocarse en las causas de la delincuencia.
Posiciones encontradas
Abinader coincidió en la necesidad de fortalecer la prevención, pero defendió que las sanciones más severas pueden tener un efecto disuasorio. “Mayores penas también está probado, que es una disuasión”, afirmó.
El mandatario sostuvo que el país necesita adecuar sus herramientas legales a las características de la criminalidad actual. El debate se desarrolla en un contexto en el que la Policía Nacional reportó más de 53,000 personas con órdenes de arresto pendientes, cifra que preocupa a las autoridades en materia de seguridad ciudadana.
La discusión en el CNM puso sobre la mesa el dilema entre la respuesta penal frente a la reincidencia y los objetivos de prevención y reinserción social contemplados en el ordenamiento jurídico.
