Boston, EE. UU. — Un juez federal de Massachusetts ordenó suspender temporalmente las multas impuestas por la Administración del presidente Donald Trump a inmigrantes que permanecen en Estados Unidos pese a tener órdenes de salida del país.
El juez de distrito George O’Toole Jr., de Boston, determinó que el Gobierno no podrá aplicar ni cobrar las sanciones emitidas bajo el procedimiento cuestionado después del 27 de julio de 2025, mientras continúa el proceso judicial.
Las multas, que pueden alcanzar los 998 dólares diarios, han generado deudas de cientos de miles de dólares e incluso de hasta 1,8 millones de dólares en algunos casos.
Según la organización Legal Aid Society, que representa a los demandantes, el tribunal consideró que existen probabilidades de que la normativa utilizada por el Gobierno para imponer estas sanciones sea declarada ilegal.
Uno de los principales cuestionamientos del juez es que las autoridades no habrían considerado adecuadamente las circunstancias individuales de las personas afectadas. También advirtió que el cobro de las multas podría llevar a algunos inmigrantes a la insolvencia.
Más de 100.000 personas afectadas
De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citados en la demanda, más de 100.000 personas han sido afectadas por estas sanciones desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. El valor acumulado de las multas ronda los 84.000 millones de dólares.
La demanda fue presentada en noviembre de 2025 por inmigrantes que aseguran haber permanecido en Estados Unidos mientras buscaban vías legales para regularizar su situación.
Entre los casos se encuentran personas que solicitaron beneficios migratorios, cumplieron con las condiciones de supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o afirmaron que no podían regresar de manera segura a sus países de origen.
El Gobierno de Trump retomó en 2025 la aplicación de una disposición de la legislación migratoria que permite imponer multas civiles a determinados inmigrantes que no abandonen Estados Unidos después de recibir una orden de expulsión o una orden de salida voluntaria.
La decisión judicial supone, por ahora, una suspensión de estas sanciones mientras continúa el litigio y el tribunal analiza la legalidad del procedimiento utilizado por el Gobierno.
Fuente – EFE
