La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) advirtió que la derogación del Decreto 693-24 podría afectar la producción nacional de arroz y pidió al Gobierno explicar las medidas que implementará para proteger a los productores, el empleo rural y la seguridad alimentaria.
La organización solicitó aclarar si la decisión estuvo precedida por una recomendación del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan), como establecía el decreto, y publicar los documentos técnicos que sirvieron de fundamento para la derogación.
Impacto en el sector arrocero
Confenagro recordó que el sector agrupa a unos 30 mil productores y genera más de 300 mil empleos directos e indirectos, por lo que llamó a evaluar las consecuencias de cualquier modificación en las condiciones de importación sobre las fincas, factorías, cooperativas, transportistas y comunidades vinculadas a esta actividad.
Asimismo, señaló que las diferencias entre República Dominicana y Estados Unidos en materia de escala productiva, tecnología, financiamiento y apoyo estatal deben tomarse en cuenta para garantizar condiciones de competencia equitativas.
Propuesta de diálogo
En ese sentido, la entidad propuso convocar una mesa de trabajo con las organizaciones arroceras para analizar el alcance de la medida y acordar acciones que protejan la producción local y establezcan reglas claras para las próximas cosechas.
La confederación también consideró necesario impulsar un programa de transformación del sector, con metas, presupuesto y plazos verificables, que contemple:
- Mecanización.
- Riego eficiente.
- Asistencia técnica.
- Acceso oportuno al crédito.
- Fortalecimiento de la comercialización, especialmente para pequeños y medianos productores.
Compromiso con la soberanía alimentaria
Finalmente, Confenagro reiteró su disposición al diálogo y sostuvo que el cumplimiento de los compromisos comerciales debe estar acompañado de políticas públicas que preserven la capacidad del país para producir sus propios alimentos.
Con este planteamiento, la organización busca que las decisiones en materia de comercio e importación se adopten con transparencia, participación y visión de largo plazo, garantizando que la apertura de mercados no se traduzca en el debilitamiento de la producción nacional ni en riesgos para la seguridad alimentaria.
