El Gobierno dominicano destacó este jueves los avances alcanzados en la lucha contra la trata de personas, tras el ascenso del país al Nivel 2 en el Informe sobre la Trata de Personas 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos. La clasificación, según las autoridades, responde al fortalecimiento de las acciones legales, judiciales, preventivas y de asistencia a las víctimas, en línea con los estándares internacionales.
Reformas legales y planes nacionales
Entre las medidas resaltadas figura la modificación de la Ley núm. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que elimina el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en los delitos de trata que involucran a menores de edad, especialmente en casos de explotación sexual. Esta adecuación busca armonizar la legislación con las normas internacionales y garantizar mayor protección a los niños y adolescentes.
El Gobierno también subrayó la aprobación y asignación de presupuesto al Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028, además de la adopción de la Resolución núm. 13-2024, que establece un procedimiento para entregar tarjetas de identificación a personas apátridas. Durante el proceso de reforma legal fueron consultadas organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes de trata, lo que, según las autoridades, refuerza la legitimidad y el enfoque inclusivo de las medidas.
Investigaciones y procesos judiciales
En materia de persecución penal, las autoridades informaron el inicio de 229 investigaciones por trata de personas y el procesamiento de 50 sospechosos bajo la legislación especial. Asimismo, fueron investigados ocho funcionarios presuntamente vinculados con actos de complicidad, y tres de ellos enfrentan procesos judiciales, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer la aplicación de la ley y perseguir tanto a quienes participan directamente en redes de trata como a quienes facilitan sus operaciones.
Supervisión laboral y prevención
El Ministerio de Trabajo realizó 1,050 inspecciones en sectores vulnerables a la explotación, como agricultura, construcción e industria azucarera. Como resultado, se suspendieron las actividades de 11 empresas privadas en las que se detectaron indicios de trabajo forzoso.
Además, se implementó un programa piloto de registro migratorio que permitió formalizar a más de 7,400 trabajadores mediante contratos laborales, con el objetivo de reducir su vulnerabilidad frente a la explotación y garantizar su libertad de movimiento.
Identificación y protección de víctimas
El Gobierno reportó la identificación de 136 víctimas de trata, de las cuales 134 recibieron atención integral financiada por el Estado. Los servicios incluyeron atención médica y psicológica, asesoría legal y traducción. También se mantuvieron en funcionamiento refugios especializados y se garantizó protección a víctimas y testigos durante los procesos judiciales, mediante la coordinación entre la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y el CONANI.
Las autoridades destacaron la realización de campañas preventivas en varios idiomas y la capacitación continua del personal encargado de atender y perseguir los casos de trata, como parte de una estrategia integral que combina prevención, investigación y asistencia.
Significado del ascenso al Nivel 2
El Nivel 2 del informe estadounidense corresponde a países cuyos gobiernos no cumplen plenamente con los estándares mínimos establecidos por la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de EE.UU., pero realizan esfuerzos significativos para ajustarse a ellos. En ese sentido, la clasificación reconoce los avances de República Dominicana, aunque no implica que el país haya alcanzado todos los estándares exigidos.
El Gobierno dominicano considera que este ascenso refleja el fortalecimiento de la respuesta institucional frente a la trata de personas, mediante acciones que abarcan la prevención, la persecución penal y la protección integral de las víctimas, consolidando un compromiso que busca erradicar este delito y garantizar los derechos fundamentales de las personas más vulnerables.
