La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, manifestó la profunda preocupación de su Gobierno por las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que estas medidas contradicen los principios del Estado de derecho.
En un mensaje publicado en la red social X, Takaichi reafirmó el respaldo de Tokio al organismo judicial, presidido por la magistrada japonesa Tomoko Akane, y destacó su papel en la defensa de la justicia internacional.
La jefa del Gobierno japonés aseguró que su país continuará cooperando con las autoridades estadounidenses y ofreciendo el apoyo necesario para que la corte pueda desempeñar sus funciones. También indicó que mantendrá el diálogo con Akane y con otras naciones para abordar la situación.
Rechazo internacional a las sanciones
La posición de Japón coincide con la de Alemania, Francia y otros países, cuyos ministros de Relaciones Exteriores emitieron una declaración conjunta para expresar su rechazo a las medidas adoptadas por Washington contra la CPI.
Las sanciones fueron anunciadas por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y contemplan el bloqueo de bienes e intereses de la institución en Estados Unidos, además de restricciones a las transacciones financieras con el organismo.
Estas disposiciones se suman a las medidas impuestas meses atrás contra 17 personas vinculadas a la corte, entre ellas jueces y fiscales.
Antecedentes de la decisión estadounidense
En febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que abrió la posibilidad de sancionar a funcionarios de la CPI involucrados en investigaciones o procesos judiciales contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados.
Entre los antecedentes se encuentran las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.
La controversia ha reavivado el debate internacional sobre la independencia de la justicia penal y el papel de la Corte Penal Internacional en la investigación de presuntos crímenes graves.
Fuente – EFE
