El Gobierno dominicano busca poner orden en las inversiones tecnológicas de las instituciones públicas. Mediante el Decreto núm. 714-26, emitido este lunes, el Poder Ejecutivo aprobó el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado, una normativa que establece nuevas reglas para la planificación, adquisición y contratación de sistemas y servicios digitales en la Administración Pública.
La disposición apunta a un problema central de la transformación digital: evitar que las instituciones estatales desarrollen o adquieran soluciones tecnológicas de manera aislada, sin suficiente coordinación con el resto del aparato público. La meta es que las inversiones respondan a una estrategia común, permitan compartir recursos y garanticen que los sistemas puedan intercambiar información de manera segura.
El reglamento también procura mejorar la eficiencia del gasto público, reducir la duplicación de plataformas, fortalecer la protección de los datos y garantizar la continuidad de los servicios digitales que utilizan los ciudadanos.
Con esta medida, el Ministerio de Administración Pública (MAP) asume un papel determinante en la coordinación y evaluación técnica de las inversiones digitales consideradas estratégicas dentro del ámbito regulado por el decreto.
La nueva normativa representa un cambio en la forma de gestionar la tecnología estatal: antes de avanzar con determinadas adquisiciones, las instituciones deberán someter sus iniciativas a procesos de evaluación y coordinación que permitan determinar su pertinencia, sostenibilidad e integración con la infraestructura digital del Gobierno.
Sigmund Freund: «Cada peso invertido en tecnología responderá a una estrategia nacional integrada»
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó la importancia de la disposición para superar la fragmentación de las inversiones tecnológicas en las instituciones estatales.
«A partir de este reglamento, cada peso invertido en tecnología responderá a una estrategia nacional integrada, orientada a ofrecer servicios públicos digitales eficientes, seguros y accesibles para la ciudadanía, protegiendo en todo momento la soberanía sobre los datos de los dominicanos», señaló Freund.
La declaración resume uno de los principales propósitos de la regulación: procurar que los recursos destinados a la digitalización produzcan beneficios para el conjunto de la Administración Pública, en lugar de financiar iniciativas desconectadas entre sí.
La falta de coordinación entre sistemas puede generar gastos repetidos, dificultades para compartir información y dependencia de soluciones que no se comunican adecuadamente con otras plataformas gubernamentales. La normativa busca enfrentar esas dificultades mediante una evaluación técnica previa y una mayor articulación entre las instituciones involucradas.
Sin embargo, el alcance de la medida dependerá de su aplicación. La coordinación deberá traducirse en criterios técnicos claros, evaluaciones oportunas y mecanismos que permitan comprobar si las inversiones generan ahorros, mejoran los servicios y reducen las duplicidades que se pretende corregir.
MAP tendrá un papel central en las contrataciones digitales estratégicas
Uno de los cambios más relevantes del Decreto 714-26 es la designación del Ministerio de Administración Pública como autoridad de aplicación del reglamento.
Entre sus responsabilidades estarán la coordinación general de los procesos de identificación, evaluación, priorización, estructuración, seguimiento y control técnico de las inversiones y contrataciones digitales estratégicas comprendidas en la normativa.
Esto incluye adquisiciones relacionadas con sistemas, plataformas, servicios de computación en la nube y soluciones basadas en tecnologías emergentes, cuando correspondan al ámbito de aplicación establecido.
La intervención del MAP busca que las instituciones no tomen decisiones tecnológicas importantes sin evaluar previamente su compatibilidad con las necesidades generales del Estado.
El objetivo es evitar que una entidad contrate una plataforma que ya existe en otra dependencia, que desarrolle herramientas incompatibles con los sistemas gubernamentales o que asuma compromisos tecnológicos difíciles de mantener a largo plazo.
La evaluación también deberá considerar la sostenibilidad operativa de las soluciones, su capacidad de interoperar con otras plataformas y las condiciones necesarias para mantener los servicios sin interrupciones.
Para la ciudadanía, el impacto esperado es que los servicios digitales sean más consistentes y que los trámites puedan avanzar con menos obstáculos derivados de sistemas que no intercambian información de manera adecuada.
Las compras tecnológicas deberán pasar por una evaluación previa
El reglamento establece que las entidades del Poder Ejecutivo comprendidas en su ámbito deberán contar con un informe de evaluación técnica previa emitido por el MAP antes de iniciar determinados procesos de adquisición de plataformas y soluciones digitales complejas.
Este requisito busca incorporar una revisión especializada antes de comprometer recursos públicos en proyectos tecnológicos de importancia estratégica.
La evaluación permitirá analizar aspectos como la pertinencia de la adquisición, su posible integración con otras herramientas, la capacidad institucional para mantenerla y las alternativas disponibles para evitar inversiones innecesarias.
El propósito no es únicamente revisar cuánto cuesta una plataforma al momento de comprarla. También resulta necesario considerar los gastos de mantenimiento, las actualizaciones, la seguridad, la capacitación del personal y los recursos que se necesitarán para garantizar su funcionamiento a largo plazo.
Una solución aparentemente económica puede terminar generando costos elevados si requiere servicios adicionales, no permite intercambiar información o dificulta la migración hacia otros proveedores.
Por eso, la sostenibilidad tecnológica constituye un componente importante de la nueva regulación. El Estado necesita adquirir herramientas que respondan a sus necesidades actuales, pero que también puedan adaptarse a futuras exigencias sin comprometer la continuidad de los servicios.
Compras conjuntas para reducir duplicidades y aprovechar los recursos
Otro de los componentes destacados es la posibilidad de coordinar contrataciones entre distintas instituciones públicas.
El reglamento contempla mecanismos para articular procesos de adquisición y promover compras conjuntas cuando resulte pertinente, de modo que varias entidades puedan aprovechar necesidades comunes y evitar la contratación separada de soluciones similares.
Este modelo puede generar mejores condiciones de negociación y reducir la repetición de gastos en licencias, plataformas, infraestructura y servicios tecnológicos.
En lugar de que cada institución negocie por separado herramientas con características semejantes, la coordinación permitiría identificar oportunidades para adquirir soluciones compartidas, siempre que respondan a los requerimientos técnicos y operativos de las entidades involucradas.
El decreto también prevé la participación de los órganos competentes en materia de contratación pública, dentro del marco legal aplicable.
La posibilidad de obtener ahorros dependerá de cómo se estructuren los procesos, de la competencia entre proveedores y de las necesidades reales de las instituciones. Por tanto, los beneficios deberán evaluarse a partir de los resultados de cada contratación y no únicamente de las expectativas asociadas al modelo.
La coordinación de compras también exigirá planificación. Las entidades deberán identificar sus necesidades con suficiente antelación y trabajar conjuntamente para que la búsqueda de eficiencia no retrase proyectos esenciales.
Una comisión técnica coordinará las decisiones estratégicas
Para fortalecer la articulación entre las instituciones, el Decreto 714-26 crea la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas, coordinada por el Ministerio de Administración Pública.
De acuerdo con la información suministrada, este organismo estará integrado por representantes del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
La participación de estas entidades permitirá abordar las inversiones digitales desde distintas perspectivas: planificación gubernamental, disponibilidad presupuestaria, arquitectura tecnológica, contratación pública y protección frente a amenazas informáticas.
La coordinación entre esas áreas es fundamental porque los proyectos digitales del Estado no dependen exclusivamente de adquirir equipos o contratar programas. También requieren recursos financieros, cumplimiento normativo, estándares técnicos y medidas para proteger la información que manejan las instituciones.
La comisión tendrá un papel relevante en la articulación técnica prevista por el reglamento, con el objetivo de facilitar decisiones más coherentes y reducir los riesgos asociados a inversiones aisladas.
Su efectividad dependerá de que exista una delimitación clara de las responsabilidades, una coordinación funcional con las instituciones públicas y procedimientos que permitan dar seguimiento a las decisiones adoptadas.
Soberanía digital: el Estado busca mantener el control de sus datos
La protección de los datos públicos es otro de los ejes centrales de la normativa.
El reglamento plantea que las soluciones tecnológicas deberán garantizar condiciones de portabilidad, interoperabilidad y reversibilidad técnica. En términos prácticos, esto significa que las instituciones deben considerar desde el inicio cómo recuperar sus datos, transferirlos y mantener la capacidad de operar si necesitan cambiar de proveedor o sustituir una plataforma.
La importancia de estas condiciones aumenta a medida que los servicios públicos dependen de sistemas digitales y de infraestructuras tecnológicas administradas por empresas externas.
Cuando una institución queda atada a una plataforma que dificulta la exportación de información o impone barreras técnicas para cambiar de proveedor, puede perder capacidad de negociación y enfrentar costos adicionales para mantener sus operaciones.
Por esa razón, el decreto prohíbe cláusulas contractuales o diseños arquitectónicos que generen dependencias comerciales exclusivas o limiten el control directo del Estado sobre sus activos de datos, conforme a lo establecido en la normativa.
La soberanía digital no significa prescindir de los proveedores privados, sino asegurar que las contrataciones no comprometan innecesariamente la autonomía tecnológica del Estado ni su capacidad de proteger la información bajo su responsabilidad.
El desafío consiste en incorporar estas garantías a los contratos y comprobar que se cumplan durante toda la vigencia de los servicios.
Inteligencia artificial bajo supervisión y criterios de transparencia
El reglamento también aborda los riesgos vinculados con el uso de tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial.
Según la información divulgada, las contrataciones que incorporen algoritmos o sistemas avanzados de automatización deberán regirse por criterios de supervisión humana, trazabilidad y transparencia.
Estas condiciones adquieren importancia a medida que las herramientas automatizadas comienzan a utilizarse en procesos administrativos y en la prestación de servicios públicos.
La supervisión humana busca mantener la capacidad de revisión de las decisiones automatizadas; la trazabilidad permite documentar cómo funcionan los sistemas y cómo se producen determinados resultados, mientras que la transparencia contribuye a establecer controles sobre su utilización.
La aplicación de estos principios resulta especialmente relevante cuando las tecnologías pueden influir en decisiones que afectan a ciudadanos, empresas o beneficiarios de programas estatales.
La innovación tecnológica puede contribuir a agilizar procesos y mejorar la gestión pública, pero su incorporación requiere controles adecuados, responsabilidades definidas y mecanismos para identificar errores o usos indebidos.
Por ello, la regulación de las adquisiciones digitales debe considerar no solo las ventajas de las nuevas herramientas, sino también las obligaciones necesarias para proteger los derechos de la población.
El decreto no elimina las obligaciones de contratación pública
Aunque la normativa establece una coordinación más centralizada para las inversiones digitales estratégicas, no exime a las instituciones de cumplir las demás disposiciones legales aplicables.
El decreto mantiene las obligaciones relacionadas con contratación pública, presupuesto, control interno, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad, acceso a la información pública y responsabilidad fiscal.
Esto significa que la evaluación técnica del MAP no sustituye los procedimientos ni las competencias que corresponden a otros órganos del Estado.
La coordinación deberá funcionar dentro del marco jurídico vigente y respetar los controles establecidos para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
Esta distinción es importante porque la modernización tecnológica necesita avanzar sin debilitar las reglas que regulan las compras estatales y la rendición de cuentas.
La eficiencia del gasto no puede medirse únicamente por la rapidez con que se adquiere una solución, sino también por la legalidad del proceso, la calidad del servicio contratado y la capacidad de demostrar que los recursos se utilizaron de manera adecuada.
El reto ahora será convertir las nuevas reglas en resultados
Con la emisión del Decreto 714-26, el Poder Ejecutivo establece un marco para coordinar las inversiones digitales estratégicas y fortalecer la gestión de la infraestructura tecnológica estatal.
La normativa coloca en primer plano asuntos que tienen consecuencias directas sobre el funcionamiento del Gobierno: la duplicidad de sistemas, el uso de los recursos públicos, la seguridad de los datos, la dependencia de proveedores y la capacidad de mantener los servicios digitales.
El Ministerio de Administración Pública tendrá un papel central en la implementación del reglamento, mientras que la coordinación con otras instituciones será necesaria para articular las decisiones técnicas, presupuestarias y contractuales.
El resultado dependerá de que las nuevas exigencias se apliquen de manera consistente, que las evaluaciones previas aporten valor a las decisiones y que las compras conjuntas respondan a necesidades reales.
También será importante que la ciudadanía pueda percibir los beneficios de la transformación digital en servicios más accesibles, trámites menos complicados y una Administración Pública con mayor capacidad para gestionar su información.
La apuesta es avanzar hacia un Estado en el que las inversiones tecnológicas dejen de ser esfuerzos aislados y formen parte de una estrategia coordinada.
El desafío no termina con la aprobación del reglamento. Comienza con su ejecución, la supervisión de las contrataciones y la capacidad de demostrar que cada inversión digital contribuye a mejorar los servicios públicos y a proteger los recursos de todos los dominicanos.
Fuente: MAP
