La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes la imposición de sanciones contra cuatro individuos y once entidades relacionadas con el Cártel del Noreste (CDN), organización criminal transnacional que Washington ha designado como terrorista extranjera. La medida, considerada la más amplia hasta la fecha contra esta red, busca desmantelar la infraestructura financiera del grupo y cortar sus vínculos con sectores económicos estratégicos en México y Estados Unidos.
El CDN, sucesor de Los Zetas, mantiene una fuerte presencia en la frontera con Laredo, Texas, el punto de entrada más transitado de la frontera sur, por donde cruza cerca del 40 % del comercio bilateral. Según el Tesoro, la organización ha logrado infiltrarse en gobiernos locales, manipular contratos públicos y ejercer influencia en procesos electorales, lo que representa una amenaza directa para la estabilidad regional.
“La acción de hoy expone la explotación del sector hípico por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al destacar que se trata del esfuerzo más significativo de la administración Trump para atacar las finanzas del grupo criminal.
Empresas y personas sancionadas
Entre las entidades designadas se encuentra el hipódromo La Molienda, ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, considerado uno de los principales centros de lavado de dinero del cártel. Allí, los líderes del CDN compran caballos —muchos provenientes de Estados Unidos— para competir y generar ingresos mediante apuestas y cobro de entradas.
También fueron sancionadas las constructoras CEGESA y COPASA, utilizadas para canalizar fondos hacia campañas políticas y obtener contratos públicos de manera corrupta. A estas se suman empresas de gas y transporte como Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, todas con sede en Tamaulipas y vinculadas a operaciones ilícitas del cártel.
En el plano individual, la OFAC sancionó a Gamaliel Garza García, empresario mexicano aficionado a las carreras de caballos, y a su hijo Garza Elías, por su papel en el financiamiento político y la administración de empresas ligadas al CDN. También fueron incluidos Pablo César Guajardo Álvarez (“Takia”), jefe de plaza en Nuevo Laredo, y Francisco Javier Inzunza Partida, despachador de la empresa de transporte Tamex, involucrada en el contrabando de cocaína hacia Estados Unidos.
Antecedentes del Cártel del Noreste
El CDN surgió tras la fragmentación de Los Zetas, grupo fundado por los hermanos Miguel Ángel “Z-40” y Óscar Omar “Z-42” Treviño Morales, responsables de algunos de los ataques más sangrientos en México. Uno de los hechos más recordados es el incendio del Casino Royale en Monterrey, ocurrido el 25 de agosto de 2011, que dejó 52 muertos, la mayoría mujeres.
Aunque los líderes fueron arrestados en 2013 y 2015, respectivamente, mantuvieron el control del cártel mediante abogados corruptos y redes de testaferros. En 2025 fueron trasladados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, con penas que podrían alcanzar la cadena perpetua.
El CDN ha diversificado sus actividades ilícitas, dedicándose al tráfico de fentanilo, metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína, además de utilizar industrias legales como la construcción y el sector energético para ocultar ganancias.
Implicaciones de las sanciones
Con esta acción, todos los bienes e intereses patrimoniales de los sancionados en Estados Unidos quedan bloqueados, y las instituciones financieras tienen prohibido realizar transacciones con ellos. La OFAC advirtió que incluso bancos extranjeros que faciliten operaciones con estas entidades podrían enfrentar sanciones secundarias, como restricciones para operar cuentas corresponsales en territorio estadounidense.
El Tesoro subrayó que las sanciones no buscan únicamente castigar, sino propiciar un cambio de comportamiento y cortar las fuentes de financiamiento que sostienen la violencia del cártel. Además, recordó que ciudadanos y empresas que infrinjan estas disposiciones podrían enfrentar sanciones civiles o penales.
La medida se tomó bajo la Orden Ejecutiva 14059, que apunta a la proliferación internacional de drogas ilícitas, y la OE 13224, que sanciona a terroristas y sus partidarios. Se trata de la cuarta acción contra el CDN en lo que va de la administración Trump, tras designaciones realizadas en 2025 y 2026 que incluyeron casinos, empresas fantasma y figuras públicas vinculadas al grupo.
Un esfuerzo coordinado
La investigación fue realizada en paralelo con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y contó con el apoyo de agencias como la DEA, el FBI, el ICE, la Patrulla Fronteriza, el IRS, la ATF y la Unidad de Inteligencia Financiera de México. El objetivo es interrumpir el flujo de drogas ilícitas y desmantelar las redes financieras que permiten su producción y distribución.
