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Senado aprueba proyecto que eleva a municipio turístico Verón-Punta Cana

Senado aprueba proyecto que eleva a municipio turístico Verón-Punta Cana

El Senado de la República aprobó este miércoles en segunda discusión el proyecto de ley que eleva a la categoría de municipio el distrito municipal turístico Verón-Punta Cana, perteneciente al municipio Higüey, provincia La Altagracia.

La iniciativa, presentada por el senador Rafael Barón Duluc, culminó su trámite en la Cámara Alta y ahora pasa a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.

Organización territorial

El proyecto establece que el nuevo municipio turístico Verón-Punta Cana, con cabecera en el poblado de Verón, estará integrado por las secciones Juanillo y El Salado, junto con sus respectivos parajes.

  • Juanillo: Cabo Engaño, El Suero, Arraiján, Los Manantiales, Borrachón, Pantanal, Punta Cana, La Trocha, La Salina, Juanillo, La Curva o La Culata, Cabo San Rafael, Los Ranchitos (Arena Gorda), La Cuevita y Suero.
  • El Salado: El Caño, José León, El Espino, Cañada Honda, La Jina, Jagua Mocha, El Peñón, La Ceiba, El Salado, Los Hoyos, Los Naranjos, La Zafra, Maricao (El Jobován), La Pileta, Uvero Alto, Macao, Güiri Güiri, El Burén de Tres Piezas, La Jarda u Hoyo Claro, Caoba, La Jarda, Cabeza de Toro, Islabón, Tres Piezas (El Caracol), Sabana de los Martínez, El Alemán, Bávaro, Arena Gorda y Cortecito.

Los límites territoriales estarán definidos por el océano Atlántico al norte, el mar Caribe al sur y al este, y la carretera Bávaro-Higüey al oeste.

Aplicación de la ley y elecciones

El proyecto dispone que las instituciones correspondientes —Ministerio de Interior y Policía, Suprema Corte de Justicia, Junta Central Electoral y Liga Municipal Dominicana— deberán adoptar las medidas administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley.

De manera transitoria, las autoridades del nuevo municipio serán escogidas en las elecciones municipales de febrero de 2028 y juramentadas el 24 de abril de ese mismo año.

La iniciativa sostiene que el Estado debe impulsar la descentralización territorial en comunidades que lo ameriten, con el propósito de garantizar su autoadministración, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y fomentar la participación comunitaria.

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