El Gobierno de Cuba publicó este miércoles la Ley 187 de la Vivienda, que introduce cambios significativos en el régimen de propiedad y gestión de inmuebles. La normativa, aprobada en julio por la Asamblea Nacional, actualiza la Ley General de 1988 y entrará en vigor el 21 de octubre de 2026.
Entre sus principales novedades, la ley reconoce el derecho de las personas naturales a tener hasta dos viviendas en propiedad, elimina la confiscación de inmuebles por salida definitiva del país y establece la actividad inmobiliaria como forma de gestión, ampliando las posibilidades de compraventa, donación, permuta y arrendamiento.
Cambios principales
- Propiedad: se permite tener dos viviendas, sin importar si una es de descanso o veraneo.
- Entidades económicas no estatales: podrán adquirir hasta dos viviendas por compraventa, sin exceder esa cantidad por otros actos de transmisión.
- Confiscación: se elimina la pérdida de vivienda por emigración definitiva.
- Herencias: desaparece la obligación de iniciar el proceso de adjudicación en un plazo de un año.
- Contratos: se flexibilizan las cláusulas de compraventa y se permite el comodato.
- Extranjeros: personas naturales o jurídicas podrán adquirir viviendas con los mismos derechos y obligaciones previstos en la ley, siempre que el pago se realice mediante instrumentos financieros regulados, no en efectivo.
Actividad inmobiliaria y protección social
La normativa incorpora a inmobiliarias y cooperativas de viviendas para invertir, construir y gestionar proyectos, incluyendo la construcción de edificios, arrendamiento con opción de compra y administración de inmuebles estatales o privados.
Además, protege a convivientes vulnerables sin otra vivienda ni recursos suficientes, como ascendientes, descendientes, adultos mayores y parejas con derechos reconocidos.
El Estado mantiene la responsabilidad de impulsar programas constructivos para reducir el déficit habitacional, que supera las 800,000 unidades, según cifras oficiales.
Contexto económico
La Ley de la Vivienda forma parte del paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobadas en junio de 2026, orientadas a liberalizar y descentralizar la economía cubana, en medio de una profunda crisis marcada por la falta de mantenimiento, deterioro del parque inmobiliario y desastres naturales.
Con esta reforma, Cuba busca diversificar las formas de gestión, ampliar los derechos de los titulares y modernizar el marco legal de la vivienda, un sector históricamente afectado por el déficit y las restricciones administrativas.
