La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en funciones de encargada del Poder Ejecutivo, dispuso la extradición de tres ciudadanos dominicanos a Estados Unidos, mediante los decretos 716-26, 717-26 y 718-26, por requerimientos judiciales relacionados con presuntos delitos de narcotráfico, homicidio, agresión y fraude electrónico.
Los ciudadanos requeridos por las autoridades estadounidenses son Darío Bautista, Ramón Joaquín Romero Bastardo y Luis Arismendy Paca Méndez, quienes deberán ser entregados bajo las condiciones establecidas en el Tratado de Extradición entre República Dominicana y Estados Unidos.
Acusado de narcotráfico
Mediante el Decreto 716-26, se autorizó la extradición de Darío Bautista, requerido por una acusación formal presentada el 28 de agosto de 2025 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Bautista enfrenta una acusación por presunta asociación delictuosa para importar a territorio estadounidense cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína.
Requerido por cargos de homicidio y agresión
En tanto, el Decreto 717-26 dispone la extradición de Ramón Joaquín Romero Bastardo, requerido por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en el condado del Bronx.
Según la acusación formal presentada el 29 de octubre de 2024, identificada con el expediente IND-74900-24, se le imputan cargos de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario en primer grado, agresión en grupo en primer grado, agresión en segundo grado y posesión ilícita de un arma en cuarto grado.
Acusado de fraude electrónico
Por medio del Decreto 718-26, también se autorizó la extradición de Luis Arismendy Paca Méndez, requerido por una acusación sustitutiva presentada el 12 de febrero de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.
La acusación señala una presunta asociación delictuosa para cometer fraude electrónico.
Entrega bajo condiciones del tratado
Los tres decretos establecen que las extradiciones deberán ejecutarse con la garantía de que las autoridades estadounidenses cumplan las condiciones previstas en el artículo 6 del Tratado de Extradición entre República Dominicana y Estados Unidos, aprobado mediante la Resolución 507-16, del 10 de junio de 2016.
Las disposiciones formalizan la autorización del Poder Ejecutivo para entregar a los tres ciudadanos a las autoridades que los requieren, a fin de que respondan ante los procesos judiciales correspondientes.
