SANTIAGO DE CHILE.– El Senado de Chile aprobó un proyecto de ley destinado a agilizar los procedimientos de expulsión administrativa de extranjeros que infrinjan la legislación migratoria, mediante nuevas facultades para las autoridades y mecanismos que faciliten la ejecución de las órdenes pendientes.
La propuesta recibió 37 votos a favor y una abstención, tras la aprobación del informe de una comisión mixta, integrada por senadores y diputados, que introdujo modificaciones al texto legislativo.
Entre las principales disposiciones figura la posibilidad de que la Policía de Investigaciones (PDI) ingrese a una vivienda para localizar y detener a una persona extranjera con una orden de expulsión vigente, siempre que cuente con autorización previa de un juez de garantía. El magistrado deberá resolver la solicitud judicial en un plazo de 24 horas.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, explicó que la iniciativa busca superar las dificultades que han obstaculizado la aplicación de las expulsiones administrativas, además de proporcionar mayor seguridad jurídica y efectividad a las resoluciones.
Asimismo, el proyecto establece que, en determinados casos, el período mínimo de prohibición de ingreso a Chile aumentará de tres a cinco años. También incorpora mecanismos para acelerar la salida del territorio nacional de extranjeros en situación irregular vinculados a ciertos procesos penales, bajo autorización judicial.
Más de 330.000 extranjeros en situación irregular
De acuerdo con los datos citados del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Chile registra más de 330.000 extranjeros en situación migratoria irregular. A esta cifra se suman más de 75.000 órdenes de expulsión que, según diversos reportes, continúan pendientes de ejecución.
Cerca de la mitad de esas órdenes corresponde a ciudadanos venezolanos, lo que mantiene la migración irregular entre los asuntos relevantes de la agenda pública chilena.
Pese a los anuncios sobre el restablecimiento de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela, interrumpidas en 2024, no se han reportado avances significativos en la ejecución de estas medidas.
Por otra parte, el Congreso chileno mantiene en discusión otra propuesta legislativa, impulsada por el presidente José Antonio Kast, que busca tipificar la migración irregular como delito.
Con la aprobación del informe de la comisión mixta, el proyecto avanza en su tramitación legislativa, con el objetivo de fortalecer los procedimientos de expulsión y facilitar el cumplimiento de las resoluciones migratorias.
