Buenos Aires. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, enfrentan desde este viernes un juicio oral por presunto lavado de activos y asociación ilícita, en el marco de la causa conocida como Hotesur-Los Sauces, relacionada con operaciones hoteleras e inmobiliarias de la familia.
El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 5, luego de que la Cámara de Casación ordenara unificar los dos expedientes, que anteriormente se investigaban por separado.
Según fuentes judiciales, ambos acusados participarán de manera virtual en la primera audiencia. Fernández cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025 por otra causa de corrupción.
Las acusaciones contra la familia Kirchner
La Fiscalía sostiene que, entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se habría utilizado una estructura empresarial vinculada a las compañías Hotesur y Los Sauces para canalizar presuntos fondos ilícitos mediante negocios hoteleros e inmobiliarios.
La exmandataria está acusada de asociación ilícita, como supuesta máxima responsable, y lavado de activos. Por su parte, Máximo Kirchner enfrenta cargos como presunto organizador de la asociación ilícita.
El expediente también involucra a otros 19 empresarios, exfuncionarios y personas cercanas a la familia, entre ellos el exgobernador de Santa Cruz Carlos Alberto Sancho, el empresario Lázaro Báez y los hombres de negocios Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Florencia Kirchner, hija de la expresidenta y accionista de las empresas familiares, quedó fuera del proceso después de ser sobreseída definitivamente en 2023.
Un proceso judicial con varios antecedentes
Las investigaciones comenzaron en 2014, en el caso Hotesur, y en 2016, en el expediente Los Sauces, tras denuncias presentadas por la exdiputada Margarita Stolbizer.
En noviembre de 2021, el tribunal de primera instancia había dispuesto el sobreseimiento de los acusados sin realizar el juicio. Sin embargo, esa resolución fue revocada en septiembre de 2023, y en diciembre de 2024 la Corte Suprema dejó firme la obligación de celebrar el proceso oral.
La reciente decisión de reunir ambos expedientes busca que los hechos, los imputados y las pruebas relacionadas sean examinados de manera conjunta. No obstante, la defensa de Fernández, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, cuestionó la medida y advirtió que el cambio en la organización del juicio, a pocos días de su inicio, podría afectar las garantías procesales de los acusados.
Los delitos de lavado de activos y asociación ilícita contemplan penas de entre tres y diez años de prisión. La responsabilidad de los acusados deberá determinarse en el marco del proceso judicial.
Fuente – EFE
