Buenos Aires. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, fueron acusados de presunto lavado de activos, asociación ilícita y dádivas, durante la primera audiencia del juicio oral por el caso Hotesur-Los Sauces, relacionado con los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia.
Según la Fiscalía, entre 2006 y 2016, el patrimonio neto de la empresa Los Sauces aumentó de 100.000 a más de 12 millones de pesos argentinos, un crecimiento superior al 12.000 %, presuntamente mediante operaciones con compañías vinculadas a contratos de obras públicas.
Durante la audiencia, celebrada en el Tribunal Oral Federal número 5 de Buenos Aires, los fiscales señalaron que el 88 % de los ingresos de Los Sauces, entre 2009 y 2016, procedió de empresas relacionadas con los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes también figuran entre los acusados.
La investigación sostiene que el alquiler de propiedades y hoteles habría servido para introducir en el patrimonio familiar fondos presuntamente vinculados con irregularidades en la contratación pública.
Señalamientos contra Cristina y Máximo Kirchner
La Fiscalía atribuye a Cristina Fernández la supuesta dirección de un esquema para blanquear dinero de origen ilícito, mientras que a su hijo Máximo Kirchner se le señala como presunto organizador de la asociación ilícita investigada.
Los fiscales también mencionaron posibles irregularidades en la adquisición de inmuebles y en las operaciones comerciales de la empresa. Asimismo, indicaron que la exmandataria aprobó estados financieros y respaldó transacciones durante el período investigado.
Ambos participaron de manera virtual en la primera audiencia, junto con los demás imputados. Fernández cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025 por otra condena relacionada con corrupción.
El proceso judicial continuará
El juicio proseguirá con nuevas audiencias y la lectura de los cargos correspondientes a las causas Hotesur y Los Sauces, investigadas conjuntamente por presunto lavado de dinero mediante operaciones inmobiliarias y hoteleras.
En paralelo, la exmandataria enfrenta otros procesos judiciales relacionados con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos estatales.
Las acusaciones presentadas por la Fiscalía forman parte del proceso judicial en curso y deberán ser evaluadas por el tribunal correspondiente.
Por: Awilma Nuñez
