A menos de veinticuatro horas del segundo turno de las elecciones presidenciales de Brasil, el 25 de octubre de 2026, Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta el escenario más adverso de su larga carrera política. Las mediciones de los principales institutos no muestran un favoritismo del presidente petista: lo sitúan, en la inmensa mayoría de los casos, numéricamente por detrás de Flávio Bolsonaro, en un empate técnico que esconde una tendencia constante de desventaja.
En la investigación de mercado de CNT/MDA divulgada este sábado 24 de octubre, Flávio aparece con el 50,7 % de los votos válidos frente al 49,3 % de Lula. En votos totales, el senador suma el 46,3 % y el presidente el 45 %. La misma encuesta registra que el 51,6 % de los entrevistados cree que Flávio ganará, frente a apenas el 37,6 % que apuesta por Lula. El RealTime Big Data lo coloca en el 52 % contra el 48 % en votos válidos. El PoderData/Aya lo da con el 52 % frente al 48 %. AtlasIntel/Bloomberg lo sitúa en el 51,1 % contra el 48,9 %. BTG/Nexus marca el 50,3 % frente al 49,7 %. Quaest lo tiene en el 45 % contra el 44 % en votos totales. Datafolha muestra un empate numérico del 50 %-50 % en válidos, pero Flávio mantiene una leve ventaja en totales. Compilaciones de Poder360 y otros agregadores muestran a Flávio numéricamente adelante en 12, 13 o incluso 15 de las 13 a 16 pesquisas más recientes. La única excepción notable es alguna medición aislada como Vox Brasil. La expectativa de victoria y los índices de rechazo favorecen al opositor en la mayoría de los levantamientos.
Esta desventaja electoral no es un accidente. Llega después de años en los que el tercer mandato de Lula ha estado marcado por una sucesión de escándalos de corrupción que han erosionado la imagen del presidente y de su entorno. El más grave y directo contra los más vulnerables es el esquema de descuentos indebidos en el INSS. Las investigaciones de la Policía Federal y la Controladoria-Geral da União estiman desvíos que superan los R$ 6 mil millones entre 2019 y 2024, con un crecimiento explosivo de las cobranzas asociativas a partir de 2023, ya bajo el gobierno actual. El ministro de Previdencia, Carlos Lupi, renunció, el entonces presidente del INSS, Alessandro Stefanutto, fue destituido y posteriormente preso, y el caso alcanzó a otros cargos del área. Aunque el esquema tenía raíces anteriores, su expansión y la demora en la reacción del gobierno petista lo convirtieron en una herida abierta entre los jubilados.
El entorno familiar no ha quedado al margen. Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, es objeto de múltiples inquéritos en el Supremo Tribunal Federal por tráfico de influencia. La Policía Federal ha pedido prórrogas de plazo para profundizar las investigaciones, que involucran a la lobista Roberta Luchsinger, al empresario Antônio Carlos Camilo Antunes (el «Careca do INSS»), viajes pagados, posibles intermediaciones en contratos del Ministerio de Salud y de la Dataprev, y esquemas vinculados a productos de cannabis medicinal y otras áreas. Mensajes y testimonios han alimentado las sospechas. La defensa lo niega, pero las diligencias siguen abiertas y el caso permanece en el centro del debate electoral.
El escándalo del Banco Master, la mayor fraude bancaria reciente de Brasil, también ha salpicado al círculo de Lula. Aunque Flávio Bolsonaro enfrenta investigaciones por sus contactos con el banquero Daniel Vorcaro para financiar un filme sobre su padre, las pesquisas han alcanzado a aliados del gobierno: el senador Jaques Wagner, líder del gobierno en el Senado, fue objeto de buscas, con sospechas de ventajas indebidas que incluyen un apartamento y transferencias millonarias. Vorcaro habría participado en reuniones en el Palacio del Planalto, y hay reportes sobre intentos de acceder a fondos de pensiones de estatales mediante intermediarios vinculados al PT, con menciones a propinas. Lula se reunió de forma off-agenda con Vorcaro a través de Guido Mantega. El presidente ha tratado de atribuir el origen del banco a la gestión anterior y de destacar que fue liquidado en su mandato, pero las conexiones políticas y las investigaciones sobre inclusión en listas oficiales a cambio de pagos mantienen el caso vivo.
A estos se suman otros: denuncias contra exministros como Silvio Almeida y Juscelino Filho, investigaciones sobre el exministro de la Casa Civil Rui Costa por la compra de respiradores no entregados, operaciones que alcanzaron a una exnuera y a un exsocio de Lulinha en fraudes de contratos del MEC, y la percepción general de corrupción. Según Transparencia Internacional, Brasil cayó en los rankings de percepción de corrupción durante los últimos años.
Lula llegó a la reelección cargando el peso de un gobierno que prometió renovación ética y que, en la práctica, ha visto proliferar esquemas que afectan desde jubilados hasta fondos públicos. Las pesquisas reflejan no solo fatiga, sino rechazo concreto. El 25 de octubre puede marcar el cierre de una era. Para muchos electores, este no es un vals de despedida triunfal, sino el último paso de un baile que ha perdido el ritmo. Las urnas dirán si Brasil decide que es hora de que la música pare.
Por: Salvador Levy- Analista politico
