Luiz Inácio Lula da Silva acaba de ganar su cuarto mandato como presidente de Brasil, con el 51,8 % de los votos frente a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta del 25 de octubre de 2026. Es un líder elegido en las urnas de una democracia consolidada, con instituciones que funcionan y sin que su gobierno haya convertido al país en una autocracia. Esa credencial democrática, sin embargo, convive con una política exterior que durante más de dos décadas ha relativizado, minimizado o directamente blanqueado el autoritarismo de regímenes aliados en la región, especialmente los de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
El patrón es antiguo y coherente. En 2005, junto a Hugo Chávez, Lula llegó a afirmar que Venezuela vivía un «exceso de democracia». Tras la muerte de Chávez, respaldó explícitamente la candidatura de Nicolás Maduro como continuador legítimo del proyecto bolivariano. Cuando regresó al poder en 2023, reabrió la embajada brasileña en Caracas, cerrada durante el gobierno de Jair Bolsonaro, recibió a Maduro en el Palacio de Planalto con honores de jefe de Estado y declaró que las acusaciones de autoritarismo formaban parte de una «narrativa» construida contra Venezuela. En esa misma cumbre sudamericana, presidentes como Luis Lacalle Pou, de Uruguay, y Gabriel Boric, de Chile, marcaron distancia precisamente por la tolerancia hacia las violaciones de derechos humanos y el deterioro institucional en el país vecino.
Ese discurso de la «narrativa» y de la soberanía absoluta no es un accidente retórico. Es el núcleo de la posición del Partido de los Trabajadores (PT) y de Lula: la no injerencia y la solidaridad ideológica de la llamada «onda rosa» priman sobre la condena clara de los fraudes electorales, la persecución de opositores, el control del Poder Judicial y de los órganos electorales, así como de la crisis humanitaria que provocó el mayor éxodo de la historia reciente de la región.
La evolución de la postura de Lula ante Venezuela ilustra las contradicciones de esa política. Cuando, en 2024, Maduro reclamó una victoria ampliamente cuestionada por observadores y por las actas de la oposición, el mandatario brasileño no reconoció el resultado de inmediato y llegó a calificar el régimen de «muy desagradable», con «inclinación autoritaria». Fue un giro relativo, suficiente para que Daniel Ortega lo acusara de «arrastrarse» ante los «yanquis» y rompiera temporalmente las relaciones diplomáticas. Sin embargo, Lula nunca llegó a una ruptura real ni a un reconocimiento inequívoco de que el chavismo había dejado de ser un gobierno de izquierda problemático para convertirse en una dictadura.
La captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 ilustró de nuevo la jerarquía de prioridades de Lula. El presidente brasileño condenó la operación como una «afrenta gravísima a la soberanía», una «violación flagrante del derecho internacional» y un «precedente extremadamente peligroso». Habló de la necesidad de que Maduro fuera juzgado en su propio país y de restablecer la democracia por vías no externas. Lo que casi no apareció en sus declaraciones fue un balance del régimen venezolano: los procesos electorales cuestionados, la represión, la corrupción o los vínculos con el narcotráfico que Washington utilizó como justificación de su intervención.
La misma lógica se aplica a Cuba, donde Lula insiste en atribuir casi exclusivamente la crisis al embargo estadounidense y minimiza décadas de represión política. En Nicaragua, las críticas han sido mucho más suaves que las dirigidas a gobiernos de derecha. En ambos casos, la defensa de la soberanía y la denuncia de las presiones externas tienden a ocupar un lugar central, mientras las responsabilidades de los propios gobiernos por la falta de libertades y el deterioro institucional quedan relegadas.
Este blanqueo no es inocuo. Al proporcionar prestigio democrático, espacios en foros regionales —como la CELAC y las cumbres sudamericanas— y una narrativa antiimperialista a regímenes que sistemáticamente desmantelan los contrapesos institucionales, el gobierno brasileño ha contribuido a su legitimación internacional. Críticos en Brasil, desde medios como Gazeta do Povo hasta analistas internacionales, han documentado declaraciones y gestos en los que se relativizan los abusos o se equipara a sectores de la oposición con «golpistas».
Los defensores de la línea de Lula responden apelando al principio de no intervención, marcado por la historia latinoamericana de intervenciones estadounidenses; al pragmatismo económico, relacionado con la energía, el comercio y la Amazonía; y al deseo de preservar canales de diálogo y mediación. Son argumentos que merecen consideración. Sin embargo, no eliminan la cuestión central: la aplicación selectiva de esos principios, cuya tolerancia parece ser mucho mayor cuando el autoritarismo procede de la izquierda aliada que cuando se manifiesta en otros sectores ideológicos.
Brasil bajo Lula no es Venezuela ni Cuba. Esa distinción es real y debe mantenerse. Pero la contradicción también lo es: un presidente que legitima su propia autoridad mediante el voto popular y las instituciones democráticas brasileñas ha dedicado buena parte de su capital político regional a amortiguar las consecuencias del autoritarismo de sus socios.
Tras su reelección en 2026, con Maduro fuera del poder y Delcy Rodríguez como presidenta interina, el equilibrio entre pragmatismo y principios seguirá siendo una prueba para el cuarto mandato de Lula. La evidencia acumulada apunta a una conclusión incómoda: para Lula y el PT, la solidaridad ideológica y una interpretación absoluta de la soberanía han pesado históricamente más que la defensa consistente de la democracia más allá de las fronteras brasileñas.
Por: Salvador Levy-Analista politico
