Once días después del asesinato de la dirigente campesina, el Gobierno de Joaquín Balaguer declaró de utilidad pública los terrenos de Hato Viejo, en Yamasá, mediante el Decreto 304, del 12 de noviembre de 1974. Las tierras abarcaban 8,319.96 tareas y fueron incorporadas a los planes de reforma agraria.
YAMASÁ, MONTE PLATA.– Al cumplirse 52 años de la muerte de la dirigente campesina Florinda Muñoz Soriano, conocida como Mamá Tingó, resurgen los acontecimientos relacionados con el conflicto agrario de Hato Viejo, donde la reconocida luchadora rural defendía los derechos de los agricultores frente a las disputas por la posesión de terrenos.
Mamá Tingó fue muerta el 1 de noviembre de 1974 de dos disparos de escopeta realizados por Ernesto Díaz Hernández, quien se desempeñaba como capataz de una finca propiedad de su hermano, Pablo Díaz Hernández. El crimen ocurrió en medio de las diferencias entre los propietarios y las familias campesinas por el control y la tenencia de los predios agrícolas.
Según una publicación periodística de la época, la Primera Cámara Penal de la capital descargó a Díaz Hernández al considerar que había actuado en legítima defensa, conforme a las disposiciones del artículo 328 del Código Penal vigente en ese momento.
El juez presidente del tribunal, doctor Luis A. Roa del Rosario, fundamentó su decisión en las declaraciones de Estanislao y Domingo Muñoz Soriano, hijos de la víctima, quienes manifestaron que su madre había propinado tres machetazos al acusado antes de que este realizara los disparos.
Los abogados de la parte civil, Juan José Matos Rivera y Nelson Eddy Carrasco, alegaron que Díaz Hernández era culpable de asesinato y solicitaron una indemnización de 100,000 pesos a favor de los herederos de Mamá Tingó. Sin embargo, el magistrado rechazó la petición y acogió los argumentos del abogado defensor Rafael Tulio Pérez de León.
BALAGUER DECLARÓ LOS TERRENOS DE UTILIDAD PÚBLICA
Once días después del asesinato, el 12 de noviembre de 1974, durante el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, fue emitido el Decreto núm. 304, mediante el cual, según la publicación periodística, fueron declarados de utilidad pública e interés social los terrenos ubicados en la sección Hato Viejo, municipio de Yamasá.
La propiedad comprendía una extensión de 8,319.96 tareas, dentro de los límites de las parcelas 2-E y 4 del Distrito Catastral número 10 de Yamasá.
De acuerdo con el periódico, los terrenos fueron incorporados a los programas de asentamiento campesino del Instituto Agrario Dominicano (IAD), como parte de la política de reforma agraria impulsada durante la administración de Balaguer.
La publicación también señala que el 21 de septiembre del año anterior a su circulación, el Gobierno distribuyó esas tierras entre 105 agricultores de la región.
La importancia histórica y jurídica de estos acontecimientos pone de relieve la necesidad de localizar el documento original del Decreto 304, del 12 de noviembre de 1974, así como los expedientes de expropiación, registros catastrales y documentos relacionados con la incorporación de esas propiedades al Instituto Agrario Dominicano.
La obtención de esos archivos permitiría establecer con mayor precisión quiénes figuraban como propietarios de los terrenos, cuáles fueron las condiciones de su declaración de utilidad pública y de qué manera se desarrolló su posterior distribución entre los campesinos.
A más de cinco décadas de aquellos acontecimientos, la figura de Mamá Tingó continúa siendo un referente de la lucha por la tenencia de la tierra y los derechos de los trabajadores agrícolas dominicanos.
Los documentos de aquella época representan una fuente fundamental para esclarecer los acontecimientos que rodearon su muerte y las decisiones gubernamentales adoptadas posteriormente sobre los terrenos de Hato Viejo.
