El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank, una entidad financiera digital con vínculos empresariales con el presidente Santiago Peña, luego de que sus indicadores de solvencia cayeran por debajo del mínimo establecido por la legislación bancaria, una medida que deja bajo incertidumbre la recuperación de los depósitos que superan la cobertura legal y compromete cientos de millones de dólares en fondos públicos.
La decisión fue adoptada por unanimidad por la junta directiva del organismo regulador durante una reunión celebrada el lunes, y ejecutada en la madrugada del martes. Según informó el Banco Central, el índice de solvencia de la entidad había descendido a menos de la mitad del mínimo exigido por ley.
La intervención se realiza mediante un procedimiento de resolución bancaria, que permite a las autoridades transferir los depósitos de una entidad en dificultades a bancos con mayor estabilidad antes de liquidar los activos restantes para responder ante los acreedores. Este mecanismo se diferencia de un proceso de quiebra ordinario ante los tribunales.
Ueno asegura contar con aproximadamente tres millones de clientes, una cifra equivalente al 60 % de la población adulta de Paraguay. Además, administra entre 800 y 850 millones de dólares correspondientes a fondos públicos, incluidos unos 380 millones de dólares invertidos por el Instituto de Previsión Social (IPS), el fondo estatal de pensiones y salud del país.
La intervención representa un nuevo capítulo en la controversia que rodea al Gobierno de Peña desde su llegada al poder en 2023, debido a los vínculos entre el mandatario, los propietarios de la entidad financiera y las autoridades del Banco Central.
Vínculos de Ueno Bank con el presidente Santiago Peña
La relación entre el banco y el entorno presidencial ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses. Poco después de asumir la Presidencia en 2023, Peña designó a Carlos Carvallo, quien entonces dirigía Ueno, como presidente del Banco Central de Paraguay.
La designación fue cuestionada por sectores críticos al Gobierno, que señalaron un posible conflicto de intereses debido a la relación profesional previa de Carvallo con la entidad financiera.
Además, Peña mantuvo vínculos comerciales con Grupo Vázquez, conglomerado propietario de Ueno, hasta marzo de 2025. No obstante, el banco ha sostenido que el mandatario nunca fue accionista ni inversionista de la entidad.
Tanto el presidente como la institución financiera han rechazado haber incurrido en irregularidades. Por su parte, el Banco Central aseguró que Carvallo se ha abstenido de participar en las decisiones relacionadas con Ueno.
La entidad reguladora explicó que la intervención tiene como propósito proteger los ahorros de los clientes y evitar que las dificultades de la institución se extiendan al resto del sector financiero. En ese sentido, afirmó que los problemas detectados corresponden exclusivamente a Ueno y que no comprometen la estabilidad del sistema bancario paraguayo en su conjunto.
Banco Central investigará irregularidades en la entidad
Carvallo declaró a la prensa el martes que las primeras preocupaciones de los reguladores estuvieron relacionadas con los préstamos concedidos por Ueno a empresas vinculadas con sus propietarios.
Este tipo de operaciones está sujeto a restricciones dentro del sistema bancario, debido al riesgo de que los dueños de una entidad utilicen los depósitos de sus clientes para financiar sus propios negocios.
Según explicó, una inspección más exhaustiva permitió identificar irregularidades de mayor gravedad, que el Banco Central tiene previsto poner en conocimiento de las autoridades correspondientes.
El funcionario también atribuyó parte del deterioro de la situación financiera a las informaciones divulgadas recientemente sobre la entidad, que, según su versión, debilitaron aún más su posición.
El organismo regulador anunció que designará funcionarios para asumir el control de Ueno, establecer el valor de sus activos y adoptar medidas para proteger su patrimonio.
Asimismo, adelantó que investigará las responsabilidades relacionadas con el deterioro financiero del banco y que, de comprobarse infracciones, podrían imponerse sanciones a los responsables.
Depósitos tendrán garantía limitada de hasta 38,000 dólares
Uno de los principales puntos de preocupación para los clientes es el alcance de la protección de sus ahorros. El Banco Central informó que cada depositante cuenta con una garantía de hasta 228 millones de guaraníes paraguayos, equivalentes a unos 38,000 dólares.
Los recursos para cubrir esa protección provienen de un fondo administrado por el propio organismo regulador. Conforme a la legislación bancaria paraguaya, el pago debe realizarse en un plazo de 15 días, con posibilidad de una prórroga por otros 15 días.
Sin embargo, el Banco Central no garantizó la devolución total de los depósitos que superen ese límite. En relación con esos montos, se comprometió a procurar la mayor protección posible, mientras que la recuperación dependerá del resultado del proceso de resolución y de una eventual liquidación de los activos.
Gladys Vera, gerente financiera del Instituto de Previsión Social, explicó que el fondo de pensiones también deberá esperar el desarrollo del procedimiento para determinar cuánto podrá recuperar de su inversión en la entidad.
IPS asegura que jubilados cobrarán sus pensiones
Pese a la exposición financiera del Instituto de Previsión Social ante Ueno, Vera aseguró que los jubilados recibirán sus pagos correspondientes a este mes con normalidad, debido a que los recursos destinados a cubrir esas mensualidades están depositados en otra entidad bancaria.
La funcionaria indicó que el IPS emprenderá acciones legales para intentar recuperar los fondos invertidos en Ueno y que buscará otra institución financiera para gestionar los pagos de los aproximadamente 32,000 jubilados que reciben sus pensiones a través de ese banco.
La intervención mantiene bajo evaluación el futuro financiero de la entidad y el destino de los recursos que administra, mientras el Banco Central avanza con la revisión de sus activos, la investigación de las irregularidades detectadas y el proceso para proteger a los depositantes.
