Javier Cercas se define como ateo y anticlerical. Aun así, el Vaticano le abrió sus puertas para que acompañara al papa Francisco en un viaje a Mongolia, y él aceptó llevando consigo una pregunta que no era suya: quería saber si su madre volvería a encontrarse con su padre después de la muerte. De ahí nació El loco de Dios en el fin del mundo, un libro escrito por un no creyente sobre el hombre que guiaba a más de mil millones de católicos. La paradoja incomoda a ambos lados: el ateo necesita la respuesta del creyente, y el creyente queda obligado a escuchar la pregunta del ateo. En ese cruce está lo que quiero defender: el derecho a creer y la libertad de dudar no son trincheras enemigas, sino una misma exigencia de respeto a la conciencia.
Cada persona debe poder buscar sentido, profesar una fe, examinarla o vivir sin ella. Esa libertad pierde sustancia cuando el costo de ejercerla es la humillación, la exclusión o la sospecha permanente sobre la inteligencia y la honradez de quien piensa distinto.
Para un creyente, la fe puede orientar decisiones, sostener compromisos y ofrecer esperanza ante el sufrimiento. Puede también exigirle mucho: reconocer sus faltas, responder por sus actos, perdonar cuando resulta difícil y atender a personas cuya necesidad preferiría no ver. Reducir esa experiencia a ingenuidad supone desconocer una parte importante de la vida de millones de seres humanos.
Del mismo modo, quien duda puede hacerlo por honestidad. Hay preguntas que nacen del estudio; otras, de una pérdida, de una injusticia o del desconcierto ante el dolor. Escucharlas con respeto permite comprender mejor a quien las formula, sobre todo cuando atraviesa momentos en los que las respuestas recibidas dejan de bastarle.
Una sociedad libre necesita instituciones que protejan ese espacio. La separación entre el Estado y las confesiones religiosas ofrece una garantía para todos: impide que el poder imponga una creencia y protege el ejercicio de la religión. La neutralidad estatal debe permitir que ciudadanos de distintas convicciones participen en la conversación pública con iguales derechos.
Por eso, una persona puede intervenir en un debate desde su formación religiosa. Al proponer decisiones que afectarán a todos, tendrá que explicar sus razones, escuchar objeciones y aceptar las reglas comunes. Esa responsabilidad corresponde también a quien parte de una filosofía secular. La convivencia requiere reciprocidad.
La tradición tiene un lugar valioso en ese encuentro. En las familias se transmiten palabras, gestos y prácticas que ayudan a agradecer, acompañar a los enfermos y despedir a los muertos. Una oración aprendida en la infancia puede conservar un significado que excede cualquier explicación abstracta. Examinar lo heredado es legítimo; comprender para qué ha servido permite hacerlo con mayor justicia.
También el progreso merece ser valorado en su justa medida. La medicina prolonga la vida y alivia padecimientos; la educación amplía nuestras posibilidades; el trabajo y la prosperidad permiten vivir con mayor seguridad. Son conquistas que debemos defender. Pero ninguna responde a la pregunta que Cercas llevó hasta Mongolia: qué ocurre con el amor cuando llega la muerte.
Frente a esa pregunta, las etiquetas dejan de servir. Como creyente, encuentro en la escena una invitación a la humildad: un ateo puso en manos de una fe ajena la esperanza de su madre, y esa confianza obliga. Dar testimonio de la fe exige cuidar la manera en que tratamos a quien no la comparte, porque la certeza de una convicción no nos concede acceso a la intimidad de otra conciencia.
Podemos defender nuestras creencias con firmeza y escuchar con atención. Podemos reconocer una duda sin avergonzarnos de ella. Quizá una conversación más civilizada comience cuando dejemos a cada persona formular, sin miedo, las preguntas que más le importan.
Por: Martín Valerio Jiminian
abogado
