El Senado de Paraguay inició este jueves un juicio político contra el presidente Santiago Peña, acusado de «mal desempeño de sus funciones» y de presuntos vínculos con el intervenido Ueno Bank, en medio de la crisis financiera que atraviesa el país.
El proceso comenzó luego de que el Congreso no pudiera dar curso a la renuncia presentada por el mandatario, debido a la falta de quórum en la sesión conjunta del Parlamento. Por esa razón, Peña permanece formalmente en la Presidencia.
«Venimos a formular acusación conforme al mandato recibido», expresó la diputada opositora Rocío Vallejo, una de las fiscales designadas por la Cámara de Diputados, al iniciar su exposición ante el Senado, que asumió la función de tribunal.
El senador oficialista Derlis Maidana explicó que el procedimiento contempla dos etapas: la acreditación de los diputados como fiscales acusadores, prevista para este jueves, y la toma de juramento de los senadores que integrarán el tribunal enjuiciador, pautada para este viernes.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación contra Peña en una sesión extraordinaria en la que también se conoció la dimisión del gobernante.
Crisis de Ueno Bank y acusaciones contra Peña
El proceso está relacionado con la crisis financiera desatada luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara el martes iniciar un proceso de resolución o cierre de Ueno Bank.
La decisión generó preocupación entre miles de usuarios por sus ahorros y abrió interrogantes sobre los fondos públicos depositados en la entidad privada, incluidos recursos procedentes de pensiones.
El Banco Central informó que el índice de solvencia de la institución había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
Durante la presentación de la acusación, Vallejo afirmó que el país ha vivido «una jornada siniestra en el ámbito financiero con la caída de un banco que ha afectado a tres millones de paraguayos».
La legisladora también advirtió sobre las posibles pérdidas de ahorros de instituciones públicas y cuestionó la decisión del Banco Central de iniciar el cierre de la entidad sin una intervención previa.
La acusación, sustentada en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, atribuye al presidente un «grave y sistemático mal desempeño de sus funciones» y plantea presuntos conflictos de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias.
Entre los señalamientos figuran las acciones que Peña tuvo en Ueno Holding, conglomerado empresarial que agrupa distintas compañías, entre ellas Ueno Bank. El mandatario vendió su participación accionaria en marzo de 2025.
Posibles consecuencias del juicio político
La situación de Peña quedó marcada por el fracaso de la sesión parlamentaria convocada para conocer su renuncia y activar el mecanismo de sucesión presidencial mediante la declaración de vacancia del cargo.
De ser destituido por el Congreso, el mandatario perdería los fueros de senador vitalicio que conservaría si su salida del poder se concretara mediante la renuncia.
Peña es el segundo gobernante paraguayo sometido a un juicio político en la historia reciente del país, después del expresidente Fernando Lugo (2008-2012), quien fue destituido por el Parlamento.
