ASUNCIÓN. El Senado de Paraguay convocó este viernes al presidente Santiago Peña a comparecer de manera inmediata ante el Congreso para enfrentar el proceso de juicio político, luego de rechazar la solicitud del mandatario de obtener 72 horas adicionales para preparar su defensa.
La petición fue denegada con 42 votos en contra y apenas tres a favor. Tras la decisión, los legisladores otorgaron a Peña un plazo de 30 minutos para presentarse ante el pleno, mientras la sesión quedó en receso a la espera de su llegada.
El jefe de Estado había argumentado que las 12 horas concedidas inicialmente eran insuficientes para organizar sus argumentos y cuestionó que ese plazo garantizara el debido proceso. Sin embargo, aseguró que expondría su versión de los hechos ante la ciudadanía y que no eludiría su responsabilidad en medio de la crisis política.
La situación se agravó tras la intervención del Ueno Bank, entidad financiera que durante la administración de Peña recibió millonarios recursos de instituciones públicas. El Banco Central de Paraguay ordenó iniciar un proceso de resolución de la entidad luego de detectar que su índice de solvencia había descendido por debajo del 50 % del mínimo exigido.
El organismo regulador explicó que el deterioro estuvo relacionado con ajustes realizados a los estados financieros del banco durante un proceso de regularización. La institución financiera administraba recursos de más de 2,9 millones de clientes.
En medio de la controversia, Peña permanece formalmente en la Presidencia, después de que el Congreso rechazara su renuncia, presentada un día antes mientras avanzaban las discusiones legislativas sobre el juicio político.
El caso también tiene repercusiones constitucionales, ya que la legislación paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente pueden ocupar un escaño como senadores vitalicios, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y encontrados culpables.
Esta disposición adquiere especial importancia debido a que los senadores vitalicios cuentan con inmunidad parlamentaria y no pueden ser sometidos a un proceso penal sin la autorización del Senado.
Fuente – EFE
