La Fiscalía de Paraguay solicitó prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña, luego de imputarlo formalmente por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de las investigaciones por el cierre de Ueno Bank, entidad financiera vinculada a millonarias operaciones con recursos públicos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el exmandatario habría intervenido en operaciones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de instituciones estatales y fondos previsionales en dicha entidad bancaria.
Según el acta de imputación, Peña es señalado como presunto instigador del delito de lesión de confianza y autor de administración en provecho propio. La solicitud de prisión preventiva deberá ser evaluada por un juez durante una audiencia en la que se determinarán las medidas correspondientes.
La investigación también alcanza al expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quien fue imputado por presunta lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. El exfuncionario se presentó ante las autoridades y posteriormente quedó detenido.
Uno de los elementos centrales del expediente es la relación empresarial que habría existido entre Peña y Ueno Holding, conglomerado propietario de Ueno Bank. El exmandatario figuró como accionista de ese grupo empresarial hasta marzo de 2025, cuando vendió su participación, según los antecedentes presentados por los legisladores que impulsaron el juicio político en su contra.
Asimismo, durante su administración, el Instituto de Previsión Social (IPS) habría destinado alrededor de 355 millones de dólares a Ueno Bank, institución que también gestionaba las cuentas de aproximadamente 32.000 jubilados.
Crisis financiera y destitución presidencial
El cierre de Ueno Bank, que contaba con unos 2,94 millones de clientes, desencadenó una crisis financiera y política en Paraguay, luego de que el Banco Central ordenara un procedimiento de resolución o disolución de la entidad por problemas de solvencia.
La situación generó preocupación entre miles de ahorrantes, pensionados e instituciones públicas que mantenían recursos depositados en el banco y reclamaban acceso a sus fondos.
En medio de la controversia, Santiago Peña fue destituido mediante un juicio político en el Senado, donde fue señalado por mal desempeño de sus funciones. Tras su salida del poder, el entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el período gubernamental hasta agosto de 2028.
Investigan el destino de los fondos
Por este caso, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno Bank. Además, varios directivos de la entidad fueron trasladados a centros penitenciarios mientras avanzan las investigaciones.
Por su parte, el vicepresidente paraguayo Antonio Barrios anunció que el nuevo Gobierno buscará colaboración de países aliados para rastrear el destino de los recursos manejados por la desaparecida institución financiera.
Barrios manifestó que existen interrogantes sobre las actuaciones de los organismos supervisores y las operaciones realizadas por Ueno Bank, aunque evitó emitir conclusiones sobre la responsabilidad del exmandatario.
Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las presuntas irregularidades, determinar el destino de los fondos y establecer las responsabilidades de los involucrados.
Fuente – EFE
