La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz, informó este lunes que la institución ha recibido 1,151 denuncias durante la actual gestión y rehabilitado 322 expedientes que quedaron pendientes de conocimiento en la administración anterior.
Durante su participación en LA Agenda Semanal, Ortiz explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la atención de los reclamos ciudadanos y la supervisión de la administración pública.
La funcionaria detalló que, de las 1,416 denuncias recibidas durante el período anterior, 1,109 fueron declaradas fuera de la competencia de la institución, mientras que solamente 138 llegaron a ser conocidas.
En contraste, indicó que durante la actual gestión se han declarado 169 casos fuera de las atribuciones de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Ortiz destacó que, cuando una denuncia no corresponde a las competencias de la entidad, ahora se orienta al ciudadano sobre la institución a la que debe acudir para procurar que su reclamo sea atendido.
La directora consideró que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer la vigilancia sobre las instituciones públicas, mediante la investigación y comunicación de posibles irregularidades.
En ese sentido, resaltó la importancia de que las personas puedan presentar sus denuncias y contribuir a la identificación de situaciones que requieran atención por parte de las autoridades.
Reformas legales para fortalecer la transparencia
Durante su intervención, Ortiz también informó que avanzan en el Congreso Nacional varias iniciativas legislativas dirigidas a fortalecer el Sistema de Integridad y Transparencia de la República Dominicana.
Entre las propuestas mencionó la reforma de la Ley 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, cuya actualización consideró necesaria para responder a los cambios tecnológicos y a los desafíos que plantea la inteligencia artificial.
La funcionaria señaló que el marco legal vigente debe adaptarse a las nuevas formas de gestión y circulación de información, tomando en cuenta las transformaciones que experimenta la tecnología informática.
Otra de las iniciativas citadas fue la Ley de Conflicto de Interés en el Sector Público, orientada a establecer disposiciones relacionadas con la prevención y el manejo de situaciones en las que puedan entrar en contradicción los intereses particulares y las responsabilidades públicas.
Asimismo, mencionó los proyectos de Ley de Protección al Testigo, al Informante y a la Víctima, y de Ley de Protección de Datos Personales.
Estas propuestas forman parte de las iniciativas que, según explicó, buscan robustecer los controles institucionales y establecer mayores garantías en el manejo de las denuncias y la información.
Protección a denunciantes y manejo de información personal
Ortiz indicó que las reformas legislativas también procuran ofrecer garantías a las personas que denuncian posibles irregularidades, así como prevenir conflictos de intereses dentro de la administración pública.
La protección de testigos e informantes constituye uno de los aspectos contemplados en las iniciativas mencionadas por la funcionaria, junto con las disposiciones para resguardar a las víctimas y garantizar un tratamiento adecuado de sus datos personales.
La directora general de Ética e Integridad Gubernamental vinculó estas propuestas con el fortalecimiento de la transparencia y la participación ciudadana en la vigilancia de las instituciones estatales.
De esta manera, la funcionaria presentó las estadísticas de denuncias y expedientes rehabilitados junto con las reformas legales que se encuentran en curso en el Congreso Nacional como parte de las acciones dirigidas a fortalecer el sistema de integridad pública.




