El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) presentaron durante la COP31 el proyecto regional SargMarine, una iniciativa que contará con una donación de US$10 millones para enfrentar las llegadas masivas de sargazo y reducir sus efectos sobre los ecosistemas marinos y costeros, el turismo, la pesca y las comunidades del Gran Caribe.
La propuesta contempla, además, US$67.3 millones de cofinanciamiento previsto y busca fortalecer la cooperación entre los países afectados, mejorar los sistemas de monitoreo y pronóstico y desarrollar alternativas para el aprovechamiento del alga, de manera que pueda generar oportunidades económicas para las comunidades locales.
La presentación de SargMarine contó con el apoyo de México y Francia. CAF tendrá a su cargo la implementación del proyecto, mientras que la Organización de los Estados Americanos (OEA) actuará como agencia ejecutora y el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) participará como socio técnico.
La iniciativa procura facilitar el intercambio de información entre los países, mejorar su capacidad para anticipar y gestionar las llegadas de sargazo y promover soluciones que permitan aprovechar este recurso bajo criterios de sostenibilidad.
Lina Mondragón, gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF, señaló que el carácter transfronterizo del fenómeno requiere una respuesta coordinada entre las naciones de la región.
“El sargazo es un fenómeno transfronterizo, pero nuestras respuestas siguen siendo principalmente nacionales. Superar esta fragmentación requiere fortalecer los mecanismos existentes, aprovechar las capacidades de las organizaciones regionales y alcanzar acuerdos que permitan una acción conjunta más eficaz”, afirmó.
El sargazo alcanzó 37.5 millones de toneladas en el Atlántico
La dimensión del problema quedó reflejada en los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que registró 37.5 millones de toneladas de sargazo en el Atlántico durante mayo de 2025, el mayor volumen observado desde que comenzó el monitoreo en 2011.
Las acumulaciones masivas afectan las actividades económicas de las zonas costeras y generan presiones sobre los ecosistemas marinos y la salud de las comunidades que viven en esas áreas.
Ante este escenario, SargMarine busca conectar la información científica con las decisiones de los gobiernos y las inversiones necesarias para mejorar la respuesta regional.
Chizuru Aoki, gerente de la División de Convenciones y Fondos del GEF, informó que la iniciativa ya recibió la aprobación final y está preparada para comenzar su ejecución.
“La iniciativa ya ha recibido la aprobación final. Eso significa que está lista para ponerse en marcha. Estamos listos para impulsar acciones sobre el terreno”, expresó.
Países afectados plantean fortalecer la cooperación
Durante la presentación, Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, destacó la necesidad de abordar el sargazo desde una perspectiva regional y fortalecer la cooperación entre los países que enfrentan sus efectos.
“Definitivamente, las soluciones locales no van a funcionar por sí solas”, sostuvo el funcionario, quien planteó la importancia de desarrollar respuestas conjuntas y ampliar la capacidad de negociación regional e internacional frente al fenómeno.
Por su parte, Matthew Samuda, enviado especial de Jamaica para Cambio Climático, Medio Ambiente, Océanos y Economía Azul, identificó el monitoreo y los pronósticos como prioridades para mejorar la gestión de las llegadas de sargazo.
“Las prioridades de Jamaica son fortalecer el monitoreo y los pronósticos. Queremos saber cuándo llega y dónde”, manifestó.
Samuda explicó que disponer de información anticipada permite determinar dónde concentrar los esfuerzos de protección y planificar posibles iniciativas de aprovechamiento. También señaló que la viabilidad de esos proyectos depende de conocer la disponibilidad de materia prima.
La viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad de República Dominicana, Ana Emilia Pimentel, llamó a tomar en cuenta las necesidades de las comunidades afectadas, además de evaluar las consecuencias económicas y ambientales del fenómeno.
“También hay que pensar en esta perspectiva de la gente”, indicó, al referirse a la dimensión social del problema y a la necesidad de ampliar la cooperación entre los países de la región.
En tanto, Karina Arias, embajadora de Panamá en Turquía, consideró que SargMarine permitirá vincular las capacidades de los países participantes con el conocimiento científico y las inversiones.
“Al trabajar de manera articulada entre gobiernos, organismos ejecutores, la comunidad científica y el sector privado, garantizamos que las soluciones no se queden en esfuerzos fragmentados”, afirmó.
Arias también destacó la importancia de los sistemas de alerta temprana, la protección de los ecosistemas costeros y la economía circular para impulsar alternativas que permitan transformar el sargazo en oportunidades de aprovechamiento sostenible para las comunidades.
Con la puesta en marcha de SargMarine, CAF y el GEF buscan impulsar una respuesta coordinada frente a un fenómeno que afecta a distintos territorios del Gran Caribe y cuya atención requiere cooperación institucional, información científica e inversiones regionales.




