Una jueza federal de Estados Unidos emitió una orden judicial permanente que bloquea varias leyes de California destinadas a regular los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), al considerar que restringían las funciones de los agentes federales.
El Departamento de Justicia (DOJ) informó este jueves que la decisión impide aplicar disposiciones estatales que limitaban «la capacidad de los agentes federales para proteger su identidad y desempeñar sus funciones oficiales».
La resolución fue emitida por la jueza Christina A. Snyder como parte del fallo final de una demanda presentada por el Gobierno estadounidense contra las medidas adoptadas por California para regular las operaciones de las fuerzas del orden federales.
Disposiciones sobre identificación y uso de máscaras
La decisión afecta las secciones 7288 y 7289 del Código de Gobierno de California, así como las secciones 185.5 y 13654 del Código Penal estatal.
Estas disposiciones establecían requisitos obligatorios para que los agentes federales mostraran su identificación durante los operativos. También contemplaban restricciones al uso de máscaras y otras coberturas faciales opacas.
El Departamento de Justicia sostuvo que esas medidas representaban una amenaza para la seguridad de los funcionarios federales, quienes, según la institución, han enfrentado situaciones de acoso, divulgación de información personal y violencia.
«Dichas restricciones amenazan la seguridad de los agentes federales, quienes han enfrentado una ola sin precedentes de acoso, divulgación de información personal e incluso violencia», señaló el organismo en su comunicado.
California aprobó las leyes tras protestas contra el ICE
Las leyes fueron aprobadas en California como respuesta a las redadas migratorias realizadas por el ICE en junio de 2025, que afectaron a comunidades y centros de trabajo y provocaron protestas y enfrentamientos con las autoridades en distintas ciudades estadounidenses.
La disputa judicial se originó en el intento del estado de establecer condiciones para las operaciones de los agentes federales, una iniciativa que el Gobierno de Estados Unidos cuestionó mediante una demanda.
Con la orden permanente, el tribunal bloqueó las disposiciones impugnadas por el Departamento de Justicia, relacionadas con la identificación y protección de la identidad de los funcionarios federales durante sus intervenciones.




