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En su habitual encuentro semanal con la prensa, el presidente de la República, Luis Abinader, abordó la reciente disposición emitida por el Ministerio de Administración Pública (MAP), la cual ha generado controversia entre juristas y defensores de derechos, que han expresado preocupaciones sobre una posible invasión a la privacidad de los trabajadores del sector público.
La disposición establece que los servidores públicos deben presentar sus facturas de electricidad y agua, lo que ha suscitado inquietudes en cuanto a la posibilidad de que se infrinja la privacidad de los empleados. En respuesta a estas críticas, Abinader aseguró que esta medida no es obligatoria y aclaró que su propósito es, en muchos casos, facilitar el acceso al programa Bonoluz, un subsidio dirigido a aquellos hogares con dificultades económicas para pagar sus servicios básicos.
“Quiero ser muy claro: esta medida no es obligatoria. El objetivo no es imponer un gasto adicional, sino ayudar a los empleados públicos con menores ingresos, que puedan acceder a un programa de apoyo como el Bonoluz. Es una medida optativa, pensada para brindar un alivio económico a quienes lo necesiten”, afirmó el mandatario.
Durante la entrevista en La Semanal con la Prensa, Abinader explicó que la disposición no acarrea penalidades ni consecuencias negativas para los empleados públicos que decidan no participar. “La intención es voluntaria, no puede tener ninguna penalidad ni consecuencia. Se trata de coordinar y dar la posibilidad a quienes más lo necesitan, para que puedan recibir el apoyo del gobierno en sus servicios básicos”, subrayó.
El presidente añadió que la medida, en caso de ser aprovechada, podría resultar beneficiosa, especialmente para aquellos empleados con niveles salariales más bajos, que podrían ver reflejado el apoyo en sus facturas de electricidad y agua. Sin embargo, dejó claro que la participación en este programa es completamente voluntaria y no implica ninguna obligación por parte de los servidores públicos.
La aclaración del presidente llega en un momento de creciente debate sobre la medida, con algunos sectores advirtiendo sobre posibles riesgos para la privacidad de los trabajadores y otros cuestionando su efectividad para resolver los problemas económicos de los empleados públicos. Sin embargo, Abinader insistió en que su propósito es puramente social, enfocado en aliviar la carga económica de los más vulnerables.
