La Vega, RD – La reciente Política de Protección de Datos implementada por el Poder Judicial ha desatado un intenso debate en la clase periodística dominicana, que ha expresado su preocupación sobre las implicaciones de esta medida en el ejercicio del periodismo y el derecho ciudadano a la información pública.

La nueva normativa establece que se omitirán datos identificativos de los imputados, víctimas, querellantes, testigos y auxiliares en las sentencias publicadas en el portal web de la institución o entregadas a terceros. Incluso los nombres de las partes del proceso serán sustituidos por letras iniciales, lo que podría generar restricciones importantes a la hora de difundir información relacionada con casos judiciales.

Críticas de la Sociedad Dominicana de Diarios y otras entidades periodísticas

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, se mostró preocupado por el impacto de estas medidas, al considerar que podrían afectar el derecho fundamental de los ciudadanos al libre acceso a la información pública. Según Maldonado, esta restricción podría entrar en conflicto con la libertad de expresión y limitar el ejercicio del periodismo, que depende de un acceso completo y verificado a la información.

«Esto produciría un choque con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo», afirmó Maldonado, quien abogó por una legislación que defina de manera clara y objetiva los límites de la protección de datos sin que afecte la capacidad de los medios de comunicación para informar a la ciudadanía.

El Colegio Dominicano de Periodistas también se opone

En una postura similar, Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), también se mostró en desacuerdo con la política, señalando que la omisión de datos clave en las sentencias judiciales violaría el derecho de los periodistas a ofrecer una información completa y objetiva.

“Coincidimos que de aplicarse una política de cercenar o borrar datos relevantes en una sentencia, viola el derecho a informar que tienen los periodistas de ofrecer una información completa, verificada y contrastada”, subrayó Henríquez.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa también se manifiesta

José Beato, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), fue aún más enfático, al señalar que ocultar los nombres de las personas condenadas por delitos podría comprometer la objetividad y la veracidad en la cobertura de los hechos. Beato advirtió que este tipo de medidas pueden fomentar la subjetividad en la información y poner en peligro la transparencia. de los procesos judiciales.

“No se puede borrar la memoria histórica de un proceso porque pierde el principio de la publicidad. Los juicios son públicos, orales y contradictorios, con esa política no hay forma de que un juicio pueda ser público”, expresó Beato, quien también cuestionó la viabilidad de ofrecer información de calidad sin los datos completos.

El dilema entre la protección de datos y el derecho a la información

En este contexto, Persio Maldonado señaló la necesidad de distinguir entre la protección de datos en etapas de investigacióny la transparencia en los casos judiciales abiertos. Para el presidente de la SDD, debería existir una clara separación entre la reserva de información hasta que el caso sea cerrado y el derecho de la sociedad a conocer los detalles de los procesos judiciales ya en curso.

Además de los datos identificativos, la nueva normativa también contempla la omisión de información financiera, laboral y de saludde los procesados, lo que ha generado más controversia en los medios de comunicación, quienes consideran que estos detalles son clave para el contexto y la comprensión de ciertos casos judiciales.

Un futuro incierto para la información pública judicial

La implementación de esta política sigue siendo un tema caliente de discusión, y a pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades judiciales para justificar la necesidad de proteger la privacidad de las personas involucradas en procesos judiciales, la clase periodística continúa cuestionando el impacto de estas restricciones sobre la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Los medios de comunicación y los gremios de periodistas continúan exigiendo un balance adecuado entre la protección de los datos personales y el derecho fundamental de la sociedad a acceder a información completa y verificada sobre el sistema de justicia. El debate sigue abierto, mientras se busca una solución que no comprometa los principios fundamentales de la transparencia y la libertad de expresión.