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El Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés) ha sido un acuerdo clave para las relaciones comerciales en la región desde su firma en 2004. Sin embargo, con la inminente eliminación de los aranceles al arroz estadounidense en 2025, la producción arrocera nacional enfrenta una grave amenaza que pone en riesgo tanto a los productores como a la seguridad alimentaria del país.
El DR-Cafta es un acuerdo comercial firmado entre los países de Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos con el objetivo de eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, promoviendo el libre comercio y las inversiones entre las naciones participantes. Aunque la firma del tratado se hizo con la intención de impulsar las economías de los países involucrados, algunos sectores productivos, como la agricultura, enfrentan nuevos desafíos derivados de la apertura de mercados.
Ratificado por todos los países firmantes, salvo Costa Rica, el DR-Cafta entró en vigor para la República Dominicana en 2006, lo que provocó una serie de cambios en la estructura productiva y comercial de la región. Mientras algunos sectores han logrado adaptarse a los cambios, la agricultura dominicana, especialmente la producción de arroz, se encuentra en una situación de vulnerabilidad.
La producción de arroz en la República Dominicana es uno de los sectores más afectados por las disposiciones del DR-Cafta. Este cultivo tiene una gran relevancia en la dieta local y la economía rural, con aproximadamente 30,000 productores que dependen de él. Además, la producción nacional supera los 14 millones de quintales anuales, lo que convierte al arroz en uno de los principales productos agrícolas del país.
A partir de enero de 2025, el DR-Cafta eliminará los aranceles sobre el arroz importado de los Estados Unidos, lo que permitirá que este producto entre al mercado dominicano libre de impuestos. El arroz estadounidense, respaldado por fuertes subsidios del gobierno de EE. UU., podrá competir con el arroz producido localmente a precios mucho más bajos, lo que representa una amenaza directa para los agricultores dominicanos.
En Estados Unidos, el arroz se produce a gran escala en fincas de hasta 500 acres, con un alto nivel de mecanización y el uso de tecnologías avanzadas que permiten una mayor productividad y menores costos. Además, el sector arrocero estadounidense recibe alrededor de 700 millones de dólares anuales en subsidios del gobierno, lo que distorsiona los precios internacionales y coloca a los productores dominicanos en una situación de desventaja frente a los importadores estadounidenses.
Respuesta del Gobierno Dominicano
Ante esta amenaza, el gobierno dominicano ha tomado medidas para proteger a los más de 30,000 productores nacionales. En este contexto, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 693-24, con el objetivo de salvaguardar la producción arrocera local y asegurar la estabilidad del sector. Este decreto ha sido bien recibido por los productores, quienes agradecieron públicamente el apoyo del mandatario.
La Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA) expresó su reconocimiento por las decisiones clave tomadas por el gobierno para garantizar la seguridad alimentaria del país. El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, así como el ministro de Agricultura, Limber Cruz, destacaron que el gobierno ha trabajado de manera estrecha con todos los actores de la cadena de valor del arroz, para asegurar el desarrollo continuo del sector.
El ministro Limber Cruz reafirmó el compromiso del gobierno con el sector arrocero, asegurando que el país tendrá el arroz necesario para abastecer a su población. «Continuaremos trabajando con los productores para fortalecer la cadena de valor del arroz, mejorar la competitividad y garantizar un suministro estable», señaló Cruz.
