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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado un giro radical en su enfoque hacia las políticas migratorias del presidente Donald Trump, instruyendo a los fiscales federales para que investiguen a funcionarios locales y estatales que interfieran con la aplicación de estas políticas. Esto es una advertencia directa a las ciudades que se consideran «santuarios» y protegen a los inmigrantes, especialmente aquellos sin permiso de residencia.
El secretario de Justicia interino, Emil Bove, comunicó el nuevo enfoque a los fiscales, pidiéndoles que identifiquen leyes locales que puedan obstaculizar las acciones del gobierno de Trump en temas de inmigración y que estén listos para impugnarlas en los tribunales. Bove argumenta que es responsabilidad del Departamento de Justicia hacer cumplir la Constitución y las políticas del presidente.
La medida ha generado reacciones mixtas en todo el país. En Chicago, donde hay fuertes protecciones para los inmigrantes, los líderes de la ciudad no se mostraron preocupados por las investigaciones. Sin embargo, en otros lugares, como Denver, el alcalde mencionó que la ciudad está dispuesta a colaborar con ICE para arrestar a criminales, pero que defenderá sus valores si se realizan redadas en lugares sensibles como escuelas.
El nuevo enfoque del Departamento de Justicia refleja el conflicto continuo entre las administraciones demócratas y republicanas sobre cómo manejar la inmigración y el uso de recursos en la aplicación de la ley. El memorando también menciona que se buscarán cargos criminales contra funcionarios que obstruyan la aplicación de las leyes federales de inmigración, lo que ha generado preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes.
