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El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido este martes por la Policía de su país después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto, acusándolo de crímenes contra la humanidad. La acusación está relacionada con su brutal campaña antidrogas, que durante su mandato entre 2016 y 2022 resultó en miles de muertes.
La detención se produjo en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, a su regreso de Hong Kong, donde participó en un acto electoral previo a los comicios del próximo 12 de mayo. En ese momento, se habían generado rumores sobre su arresto, los cuales se confirmaron poco después de su llegada, cuando la oficina de Interpol de Manila recibió la copia oficial de la orden de la CPI.
A las 9:20 de la mañana, hora local (1:20 GMT), Duterte y sus acompañantes arribaron al aeropuerto, momento en el que el Fiscal General de Filipinas presentó la notificación oficial por crímenes de lesa humanidad. Las fuerzas de seguridad lo escoltaron fuera del aeropuerto, y, según la oficina presidencial, el expresidente, de 79 años, fue revisado por un equipo médico, confirmándose su buena salud.
Tras su arresto, Duterte cuestionó su detención ante las autoridades, preguntándose: «¿Qué crimen he cometido?» y «¿Cuál es la ley y el crimen que he cometido?», en un video compartido por su hija, Verónica Duterte, en redes sociales. El exmandatario expresó que fue trasladado «en contra» de su voluntad y sostuvo que no se le presentaron los motivos de su arresto.
Por su parte, Verónica Duterte calificó la detención de ilegal, señalando que no se le presentó una orden judicial válida. El senador Bong Go, exasesor especial del expresidente, instó a la calma entre los seguidores de Duterte y pidió que oraran por su bienestar.
La orden de arresto de la CPI está vinculada a la sanguinaria guerra contra las drogas implementada por Duterte durante su presidencia. Según las cifras oficiales, alrededor de 6.000 personas murieron en los operativos antidroga, aunque organizaciones no gubernamentales elevan la cifra a más de 30.000. La Corte Penal Internacional inició una investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas de la CPI en 2019, con el fin de evitar ser procesado.
Kristina Conti, abogada que llevó el caso contra Duterte ante la CPI, expresó que el expresidente debe ser extraditado a La Haya, Países Bajos, para enfrentar los cargos. «Cuando una persona es detenida bajo una orden de la CPI, debe ser entregada a las autoridades de un Estado miembro y trasladada a La Haya lo antes posible», afirmó Conti.
Con la incertidumbre sobre los próximos pasos de las autoridades filipinas, la detención de Duterte marca un capítulo importante en la búsqueda de justicia por las víctimas de la campaña antidrogas que tanto marcó su mandato.
