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El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, compareció por primera vez ante la Corte Penal Internacional (CPI) en una audiencia a través de videoconferencia, en la que confirmó su identidad y fecha de nacimiento con dificultades y una voz visiblemente cansada. En su intervención, el exmandatario denunció que su traslado a La Haya fue un acto de “secuestro” desde su país y calificó su extradición como una “entrega extrajudicial”.
La audiencia, que tuvo lugar en el Centro de Detención de la CPI, situado a pocos kilómetros de la corte, fue la primera oportunidad de Duterte de interactuar con el tribunal desde su arresto. Debido a su estado de salud, los jueces autorizaron que no estuviera presente físicamente en la sala, considerando que el ex presidente acababa de realizar un “largo viaje”. Sin embargo, Duterte mostró signos de debilidad durante la comparecencia, con ojos casi cerrados y dificultades para sostener su cabeza.
Su abogado, Salvador Medialdea, aseguró que el expresidente no se encontraba en condiciones de aportar nada a la audiencia y criticó lo que calificó como una “entrega extrajudicial” desde Filipinas. Según Medialdea, el arresto de Duterte y su extradición a Países Bajos fueron parte de un “ajuste de cuentas políticas” y de una acción coordinada que ocurrió sin el debido proceso.
El ex presidente filipino, vestido con un traje azul y corbata, apareció con un aspecto deteriorado y en evidente incomodidad, lo que llevó a la jueza a tomar en cuenta su situación de salud durante la audiencia. No obstante, los médicos del Centro de Detención afirmaron que Duterte estaba en condiciones de participar en el proceso.
Medialdea también denunció que, tras su llegada a Países Bajos el pasado miércoles, Duterte fue ingresado en un hospital para ser sometido a observación médica y no tuvo la oportunidad de reunirse con su abogado hasta horas antes de la audiencia. Según el abogado, solo tuvo menos de una hora para ponerse al tanto de los detalles de la orden de arresto.
Durante la audiencia, la jueza explicó los derechos del acusado, incluyendo su derecho a guardar silencio, a no declararse culpable, y el acceso gratuito a un intérprete y a los materiales necesarios para preparar su defensa.
La hija de Duterte, Sara Duterte, actual vicepresidenta de Filipinas, estuvo presente en la sala, observando el desarrollo de la audiencia desde el tribunal.
Cabe destacar que esta audiencia no constituye el inicio del juicio formal, el cual comenzará el próximo 23 de septiembre, cuando se presentarán los cargos de crímenes de lesa humanidad por presuntos asesinatos ocurridos durante la controvertida “guerra contra las drogas” de Duterte entre 2011 y 2019.
La CPI señala que existen “motivos razonables” para vincular a Duterte con más de 6.000 muertes durante esa campaña, aunque grupos de derechos humanos estiman que la cifra real supera las 30.000 víctimas, muchas de ellas personas empobrecidas y niños.
