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En el día de ayer domingo, decenas de salvadoreños se congregaron en la capital para reiterar su rechazo a la minería metálica en El Salvador, una actividad recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa y promovida por el presidente Nayib Bukele. La protesta, que se llevó a cabo en la escalinata de la Biblioteca Nacional, refleja la creciente preocupación por los efectos ambientales y sociales de la explotación minera, considerada «nociva» por los manifestantes.
Desde la aprobación de la Ley General de Minería Metálica el pasado 23 de diciembre, que derogó la prohibición a esta actividad vigente desde 2017, se han realizado varios plantones. Los manifestantes, muchos de los cuales llevaban carteles y cubrían sus rostros con pañuelos y gafas, expresaron su descontento con la minería metálica, destacando los riesgos ambientales y de salud que conlleva.
Amalia López, activista de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, afirmó que El Salvador no está preparado para los «experimentos» de exploración minera, citando los daños pasados en ríos y la salud pública. «No podemos darnos el lujo de esperar a los resultados de un experimento como la minería, que es dañina y pone en riesgo la vida de las personas», subrayó López.
Además, la activista señaló que la minería, incluso si se considerara «responsable», no es viable en un país tan pequeño como El Salvador, con una alta densidad poblacional de 300 personas por kilómetro cuadrado. «En cualquier lugar donde se pare, hay población que se verá afectada», aseguró.
Los manifestantes también cuestionaron la falta de información clara sobre los beneficios de la minería para las comunidades y los costos ecológicos que implicaría su implementación. Como parte de sus acciones, este lunes se presentará ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la ley minera, esperando que la corte se pronuncie y, de ser necesario, se restaure la prohibición.
El presidente Bukele ha defendido la minería alegando que El Salvador posee los yacimientos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo, aunque no ha presentado estudios que respalden sus declaraciones. Organizaciones ambientalistas estiman que hasta 4 millones de personas en la zona norte del país serían afectadas por la minería, que incluiría los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.
