El Gobierno de Brasil presentó una demanda contra Meta por permitir la difusión de cientos de anuncios fraudulentos en Facebook e Instagram que utilizaban símbolos oficiales y nombres de programas gubernamentales para llevar a cabo estafas financieras. Según una investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), se identificaron al menos 1.770 anuncios de este tipo activos en las plataformas.
La Abogacía General del Estado denunció que estas publicaciones suplantaban la identidad de instituciones públicas y privadas, e incluso manipulaban la imagen de líderes políticos mediante inteligencia artificial. En su acción civil pública, el Gobierno solicita que Meta sea condenada por daños morales colectivos al permitir publicidad engañosa, violando las normas de protección al consumidor.
El estudio reveló que muchos de estos anuncios ofrecían supuestos beneficios financieros a los ciudadanos, previo pago de tasas ficticias, aprovechándose de programas reales o inventados de inclusión social y financiera.
El Gobierno sostiene que la mayoría de los anuncios eran fácilmente detectables y que, si Meta hubiera aplicado controles más rigurosos, no se habrían publicado. La demanda también señala que la propia compañía ha reconocido contar con herramientas de detección más eficaces que ya utiliza en países como Reino Unido, Corea del Sur y miembros de la Unión Europea, pero que no ha implementado adecuadamente en Brasil.
