El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) alcanzó un acuerdo preliminar con la empresa Boeing que le permitirá evitar un proceso penal por su responsabilidad en dos accidentes aéreos del modelo 737 Max, que causaron la muerte de 346 personas en 2018 y 2019.
De acuerdo con los documentos presentados ante un tribunal federal, la compañía se compromete a pagar más de 1,100 millones de dólares, de los cuales 445 millones serán destinados a compensar a las familias de las víctimas de los siniestros ocurridos en Indonesia y Etiopía.
El DOJ defiende el acuerdo como una medida de justicia y seguridad
Un portavoz del Departamento de Justicia aseguró que esta resolución busca equilibrar la rendición de cuentas con medidas concretas de reparación:“Nada puede mitigar por completo la pérdida de vidas humanas, pero este acuerdo responsabiliza financieramente a Boeing, proporciona indemnización a las familias afectadas y promueve mejoras en la seguridad aérea para el futuro.”
Familiares exigen juicio público y consecuencias más severas
Sin embargo, varios familiares de las víctimas han rechazado el acuerdo y exigen que la empresa enfrente un juicio público. El abogado Paul Cassell, representante de algunas familias, manifestó que la rendición de cuentas pública es más importante que cualquier compensación económica.
Boeing fue acusada de haber ocultado a la Administración Federal de Aviación (FAA) información crucial sobre el sistema de control MCAS, el cual podía hacer que la aeronave descendiera automáticamente sin intervención de los pilotos. Este fallo fue considerado determinante en ambos accidentes.
Cambios tras las tragedias y antecedentes legales
Tras el segundo accidente, las autoridades ordenaron la suspensión mundial del 737 Max hasta que Boeing rediseñara el sistema MCAS, incorporando un segundo sensor para mejorar su fiabilidad.
En 2021, la compañía ya había evitado un juicio penal mediante un acuerdo de 2,500 millones de dólares. No obstante, en 2023, el DOJ determinó que Boeing incumplió los términos de dicho convenio, lo que reactivó el proceso legal y derivó en el acuerdo actual.
Controversia judicial por criterios internos
El juez federal Reed O’Connor, quien supervisa el caso, rechazó un acuerdo de culpabilidad previo, alegando preocupaciones sobre la influencia de políticas internas de diversidad e inclusión en la selección de supervisores encargados del cumplimiento del acuerdo.
