Una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) a la gestión del exalcalde Abel Martínez en el Ayuntamiento de Santiago, correspondiente al período comprendido entre el 1.º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, evidenció una serie de irregularidades administrativas, que incluyen pagos indebidos, contrataciones sin procesos adecuados y fallas graves en el control interno.
Entre los hallazgos más relevantes, el informe indica que 24 empleados figuraban simultáneamente en nóminas de otras entidades estatales, lo que representó un desembolso de RD$2,356,488 en violación a la Ley núm. 41-08 de Función Pública.
Asimismo, se identificaron contratos sin el debido proceso de selección, como uno firmado con una empresa no registrada como proveedor del Estado por RD$3,000,000 mensuales, con una vigencia de un año y un monto total de RD$36,000,000. Este contrato también incluía 4,000 galones de gasoil, contraviniendo la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
Otro punto crítico detectado fue la realización de transferencias presupuestarias por RD$14,031,647 entre capítulos de gasto sin la debida aprobación del concejo municipal. A esto se suman adquisiciones fraccionadas de neumáticos por RD$1,564,751 a la empresa Jetforce Investments, SRL, una práctica que podría indicar intención de eludir controles de contratación.
En el área de obras, se pagaron partidas por encima de lo ejecutado, con un excedente de RD$1,133,263, y se duplicaron elementos en análisis de costos por RD$270,735, según el informe.
La CCRD también señala “debilidades importantes en la estructura de control interno de la entidad”, lo cual derivó en desviaciones contables e incumplimientos legales. Estos hechos, advierte el organismo fiscalizador, podrían comprometer la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios involucrados, conforme a los artículos 47, 48 y 54 de la Ley 10-04.
Como establece el reglamento de aplicación de la Ley 18-24, del 27 de junio de 2024, el Ayuntamiento de Santiago tiene un plazo de 25 días calendario, contados a partir de la notificación del informe final, para presentar su Plan de Acción Correctivo ante la Cámara de Cuentas.
