La violencia de las bandas ha dejado más de 4.000 muertos y 1,3 millones de desplazados. Naciones Unidas advierte sobre el control casi total de Puerto Príncipe por parte del crimen organizado.
La situación en Haití continúa deteriorándose rápidamente. En los primeros seis meses de 2025, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) registró un total de 4.026 homicidios intencionados, lo que representa un aumento del 24 % en comparación con el mismo período del año anterior.
De acuerdo con el secretario general adjunto de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenča, entre las víctimas se contabilizan 376 mujeres, 21 niñas y 68 niños. Durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a Haití, Jenča advirtió que la capital, Puerto Príncipe, está «prácticamente paralizada por las bandas y aislada del resto del país».
La violencia ha provocado también un dramático aumento de personas desplazadas internamente, que ya suman 1,3 millones. Esta cifra triplica la de 2023 y es seis veces mayor que la de 2022, según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos.
Jenča alertó sobre el riesgo real de un colapso total del Estado en la capital si no hay una acción internacional urgente. A pesar de los esfuerzos del Consejo Electoral Provisional, que con el apoyo de la ONU busca celebrar elecciones en febrero de 2026, las divisiones internas y la escalada de violencia hacen peligrar el proceso.
En la misma sesión del Consejo, la directora general de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Ghada Waly, informó que aproximadamente el 90 % de Puerto Príncipe está bajo control de grupos delictivos organizados. Waly describió una situación de “degeneración creciente” en la que el crimen se expande hacia el este y el sur del país, paralizando infraestructuras clave como la presa hidroeléctrica que suministra el 30 % de la energía.
Waly también denunció el aumento de grupos de autodefensa parapoliciales y la repatriación forzosa de migrantes haitianos desde países vecinos hacia zonas sin servicios básicos ni seguridad.
En medio de esta crisis, un juez federal en Nueva York emitió un fallo favorable a haitianos con estatus legal en EE.UU., lo que frena temporalmente los intentos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege a más de medio millón de personas de la deportación.
La ONU reitera la urgencia de una respuesta internacional coordinada para evitar que Haití caiga en un colapso institucional total.
