El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este lunes que el Gobierno dominicano, encabezado por el PRM, está conduciendo al colapso al sector arrocero nacional mediante lo que calificó como una política irresponsable de importaciones masivas e ilegales de arroz, que amenaza la seguridad alimentaria del país y la estabilidad económica de miles de familias rurales.
Durante una rueda de prensa encabezada por el ingeniero Héctor Acosta, vocero del Subgabinete Agroalimentario del partido opositor, FP expresó su «alta preocupación por la crítica situación que atraviesa el sector arrocero», responsabilizando directamente al presidente Luis Abinader y su administración por las consecuencias de esta práctica.
Según datos presentados, en 2024 se importaron 4.7 millones de quintales de arroz por un valor de 152.7 millones de dólares, superando ampliamente los límites acordados en la Comisión Nacional Arrocera (CONA).
De este total, 4 millones de quintales habrían sido autorizados por el propio Gobierno, ignorando el compromiso de restringir las importaciones libres de arancel a solo 23,300 toneladas métricas en 2025, conforme al Decreto 693-24.
Además, se denunció la supuesta emisión irregular de Certificados Sanitarios para importaciones desde países que no forman parte del tratado DR-CAFTA, lo cual constituiría una violación directa a los acuerdos comerciales vigentes.
“El mercado está sobresaturado y los pequeños productores están desesperados, vendiendo a cualquier precio porque los molineros no tienen capacidad para almacenar más arroz”, advirtió Acosta, quien también denunció que el Gobierno no ha cumplido con el pago de la pignoración correspondiente a los meses de abril, mayo y junio.
El inventario oficial de junio refleja la existencia de 7.64 millones de quintales de arroz, es decir, 2.84 millones por encima del consumo necesario para cuatro meses, lo que se agrava con la entrada de la cosecha de retoño, que llega con rendimientos récord.
Fuerza del Pueblo advierte que esta situación pone en peligro a más de 30,000 productores, 200,000 empleos directos y afecta indirectamente a unas 300,000 personas.
La organización calificó la situación como un asunto de «soberanía y seguridad alimentaria nacional».
Finalmente, el partido presentó un pliego de exigencias al Gobierno, entre ellas:
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Suspender todas las importaciones de arroz por lo que resta de 2025, salvo las excepciones legales.
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Reglamentar que toda importación futura sea aprobada por mayoría en la CONA.
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Utilizar gratuitamente los almacenes de INESPRE y otras instalaciones estatales para manejar el sobreinventario.
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Pagar de inmediato la pignoración atrasada a los molineros para evitar el colapso de la cadena de valor del arroz.
“La indiferencia del Gobierno frente a esta crisis puede tener consecuencias irreversibles para el campo dominicano”, concluyó Acosta.
