La reforma judicial aprobada en 2024, que entre otras cosas avala la elección de jueces por voto popular, representó «el golpe final» a una serie de ataques en contra del Poder Judicial desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo para debilitarlo y capturarlo por el partido gobernante de México, según detalla un informe.
El informe se compone de cuatro capítulos. El primero explica cómo la reforma de 1994 permitió que el PJF se convirtiera en un verdadero contrapeso del Ejecutivo y del Legislativo, mientras que el segundo realiza un recuento de los ataques retóricos desde el Ejecutivo.
Además, documenta que entre enero de 2019 y septiembre de 2024, la mayoría de los ataques se centraron en deslegitimar al PJF.
En el tercer capítulo se presenta evidencia sobre la forma en la que las iniciativas de reforma judicial promovidas por las y los legisladores del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y su coalición tenían la intención de debilitar al Poder Judicial.
“En total, en el sexenio se identificaron 135 iniciativas de reforma constitucional y de leyes secundarias que buscaron modificar la estructura institucional del Poder Judicial”, apunta el texto.
Se identificó que casi el 52 % de las iniciativas corresponden a la dimensión de «independencia judicial», mostrando una tendencia clara hacia la intervención en el diseño institucional y autonomía del PJF.
El cuarto capítulo aborda los impactos de la reforma al Poder Judicial del 2024. «En cuanto a la creación de un tribunal de disciplina judicial, se explica que esta nueva instancia representa un modelo de rendición de cuentas sin controles, que socava el equilibrio de poderes y la independencia judicial», apunta.
El texto concluye que la reforma al poder judicial no «resuelve los problemas para que la población y las personas más vulnerables puedan acceder a la justicia, por el contrario profundizará las brechas, generará un sistema opaco, poco eficiente y clientelar».
La elección judicial, derivada de una reforma constitucional impulsada por López Obrador, con el respaldo de Sheinbaum, entre otros puntos, reduce de once a nueve los ministros del Supremo, y crea un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que vigilará a todos los jueces del país.
