El Ministerio Público finalizó la presentación de su pedido de medida de coerción contra los militares y civiles detenidos en el marco de la Operación Lobo, vinculados al pago de sobornos que perjudicaron fondos de entidades estatales.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó tras la audiencia:
“Aquí están los que pagaron sobornos y quienes los recibieron; aguardamos la respuesta del sistema de justicia.”
Ortiz destacó que, a diferencia de investigaciones anteriores, en esta ocasión se ha presentado evidencia contra ambas partes implicadas en el entramado corrupto:
“En casos anteriores nos criticaron porque teníamos a los sobornados sin los sobornantes, o viceversa. Ahora están ambos.”
El equipo fiscal, liderado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, estuvo conformado también por los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González, Rosa María Pichardo y la propia Ortiz.
El Ministerio Público pidió al juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que se imponga prisión preventiva a los acusados y que se declare el caso como complejo debido a la gravedad de los hechos.
Por tratarse de una audiencia extensa, el juez decidió suspender la sesión y reanudarla este martes 15 de julio a las 2:00 de la tarde.
Sobre la Operación Lobo
La Operación Lobo es una investigación impulsada esta semana como parte del combate del Ministerio Público contra la corrupción y la impunidad. La red criminal está compuesta por militares y civiles que utilizaban mecanismos de soborno para obtener y mantener contratos con instituciones públicas, en particular en el sector de seguridad privada.
Entre las instituciones afectadas están el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
