Santo Domingo, R.D. – Más de treinta organizaciones de la sociedad civil alertaron que el nuevo Código Penal aprobado por el Congreso representa un serio retroceso en materia de derechos humanos. A través de una carta pública, solicitaron al presidente Luis Abinader que observe y devuelva el proyecto legislativo al Congreso Nacional para su revisión.
Las entidades firmantes consideran que varios artículos del nuevo Código contradicen principios constitucionales y compromisos internacionales del país. En particular, señalaron preocupaciones sobre disposiciones relacionadas con el espionaje, la violencia sexual, los derechos reproductivos y la discriminación.
Entre los artículos más cuestionados se encuentra el 377, sobre espionaje, que según las organizaciones, presenta ambigüedades que podrían permitir persecución política contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Respecto a la violencia sexual, criticaron que el artículo 141 imponga una prescripción de 20 años para delitos como la violación sexual a personas adultas, lo cual vulnera el principio de imprescriptibilidad que rige actualmente. Además, el artículo 138 establece penas más leves para la violación en el ámbito de pareja, lo que “minimiza esta conducta deplorable”, afirmaron.
También expresaron preocupación sobre el artículo 124, párrafo IV, que no prohíbe explícitamente los castigos físicos, incluso leves, contra niños, niñas y adolescentes por parte de padres o tutores.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, los artículos 109 al 112 establecen una penalización absoluta del aborto sin considerar causales, lo cual, aseguran, pone en riesgo la vida y la salud de mujeres, niñas y adolescentes, y criminaliza a profesionales de la salud sin ofrecer seguridad jurídica clara.
El artículo 173, sobre discriminación, también fue duramente criticado por excluir explícitamente a personas vulnerabilizadas por su orientación sexual o identidad de género, dejando sin efecto la protección penal contra estos actos.
Las organizaciones aseguran que el contenido del nuevo Código contradice los compromisos del Gobierno con los derechos humanos y vulnera principios fundamentales como la igualdad, la integridad personal y la libertad.
Entre los firmantes se encuentran instituciones como Participación Ciudadana, Profamilia, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Estudios de Género del Intec, el Foro Feminista Magaly Pineda, entre muchas otras agrupaciones feministas, sociales y sindicales del país.
Las organizaciones reiteraron su llamado al presidente Abinader para que actúe en coherencia con sus compromisos democráticos y devuelva el proyecto de ley al Congreso para su modificació
