El partido colombiano Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), presentó este lunes una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, en la que solicita su liberación inmediata tras haber sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal.
Según el documento, la sentencia en primera instancia vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución colombiana, tanto del exmandatario como del partido, actualmente en la oposición. La colectividad argumenta que se han afectado derechos como el debido proceso, la libertad personal, la igualdad, la participación política y el ejercicio legítimo de la oposición.
“La acción busca proteger los derechos fundamentales del expresidente Uribe y del partido Centro Democrático, del cual es fundador y líder natural”, señala el comunicado publicado por el partido en su cuenta de X (antes Twitter).
Esta es la segunda tutela interpuesta ante el tribunal buscando la liberación del exmandatario. Más temprano, su defensa también recurrió a este mecanismo constitucional para solicitar su libertad mientras se resuelve la apelación del fallo.
Condena histórica
Uribe, de 73 años, fue sentenciado la semana pasada, convirtiéndose en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, lo halló culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal, y ordenó su detención inmediata.
Además de la pena de prisión domiciliaria, Uribe deberá pagar una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822,000 dólares) y quedará inhabilitado por más de ocho años para ejercer funciones públicas.
El caso se originó en 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó la denuncia y ordenó investigar al expresidente por presuntamente intentar manipular testigos desde prisión, con la ayuda de su abogado Diego Cadena.
La sentencia aún no es definitiva, ya que será apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá decidir en segunda instancia a más tardar en octubre de este año.
