El Gobierno de Estados Unidos expresó este martes su respaldo a la reciente reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, la cual habilita la reelección indefinida del presidente. Esta medida abre la posibilidad de que Nayib Bukele opte por un tercer mandato consecutivo.
“La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país”, declaró un portavoz del Departamento de Estado a la agencia EFE.
Asimismo, la administración estadounidense rechazó los señalamientos que comparan a El Salvador con regímenes dictatoriales. “Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región”, agregó el vocero.
Reforma amplía período presidencial
La reforma, ratificada el pasado viernes por la Asamblea Legislativa, no solo permite la reelección indefinida, sino que amplía el período presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral.
Aunque Bukele aún no ha anunciado oficialmente su intención de postularse nuevamente, esta reforma le abre las puertas a una nueva candidatura. El mandatario cuenta con un alto nivel de popularidad, en gran parte por su ofensiva contra las pandillas.
Críticas desde la oposición
La oposición salvadoreña y diversas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), han criticado la reforma, al considerar que debilita la democracia y allana el camino para la concentración de poder, comparando la situación con la de países como Nicaragua y Venezuela.
Bukele, por su parte, defendió la medida el pasado domingo, argumentando que “la mayoría de países desarrollados permiten la reelección indefinida de sus jefes de gobierno”, citando ejemplos como Reino Unido, España y Dinamarca.
El Gobierno de Bukele ha sido uno de los principales aliados de la administración de Donald Trump en América Latina. Durante su mandato, ambos países firmaron acuerdos migratorios, incluyendo el traslado de migrantes irregulares a centros de detención en El Salvador, algunos de los cuales han sido denunciados por presuntas violaciones a los derechos humanos.
