El Gobierno de Estados Unidos advirtió este sábado a sus ciudadanos sobre el riesgo de invertir en Nicaragua, tras la aprobación de una ley de seguridad fronteriza que opositores nicaragüenses y Washington denuncian como una “confiscación masiva” de propiedades.
La norma, aprobada el martes por la Asamblea Nacional —controlada por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo—, establece que los 15 kilómetros hacia el interior de las fronteras con Honduras y Costa Rica pasan a ser “propiedad del Estado” por motivos de “seguridad nacional” y para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Aunque el gobierno asegura que la medida “no afecta” a los pobladores de la franja, críticos en el exilio sostienen que se trata de un plan para apropiarse de tierras. “La confiscación masiva devasta decenas de comunidades y pone en riesgo las vidas y sustento de miles de personas”, señaló la embajada estadounidense en Managua en un mensaje replicado por el Departamento de Estado.
La excomandante guerrillera Dora María Téllez acusó a Ortega y Murillo de promover la medida para favorecer “negocios mineros” con empresas chinas. Por su parte, el Movimiento Campesino de Nicaragua denunció que la ley vulnera territorios indígenas y afrodescendientes ya titulados.
Ortega, de 79 años, y Murillo, de 74, concentran un férreo control político desde las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.
